La Junta colgó ayer en el Gobierno Abierto la propuesta de modificación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración autonómica que, entre otras novedades, recoge que el grado de discapacidad para presentarse a una oferta de trabajo pasará del 75 al 65 por ciento con el objetivo de incorporar a un mayor número de personas con capacidades diferentes. Además, el decreto, que ahora inicia su tramitación administrativa y que estará aprobado en verano, suprime la acreditación adicional que debían presentar algunas de las personas con discapacidad antes de incorporarse a su puesto de trabajo, pese a haber superado la oposición.  

No en vano, en las convocatorias de oposiciones para la Administración autonómica de los últimos quince años se han reservado 480 plazas para personas con discapacidad, de las que solo se cubrieron 192. Mientras que en el caso de los laborales, se convocaron 307 plazas y se adjudicaron 131. Ibáñez lo achacó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, a motivos «diversos» como la existencia de «determinadas» barreras que las personas con discapacidad tenían que superar.  

«Nos hemos encontrado con personas que una vez que habían aprobado un examen, cuando querían acceder a ese puesto, los responsables del servicio indicaban que las capacidades de ese individuo no eran compatibles con el desempeño del puesto de trabajo. Es por ello que tenían que acreditar, adicionalmente, que estarían capacitados para desarrollar esa labor», recordó. Una barrera que, con el nuevo decreto, se eliminará, lo que evitará que algunas de estas personas con discapacidad ya no tengan que acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Los consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Familia e Igualdad del Oportunidades, Isabel Blanco, fueron los encargados de presentar, de forma telemática, el decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración de Castilla y León, además de la provisión de puestos de trabajo y la formación. Una modificación del texto que busca impulsar la captación y retención del talento en las personas con discapacidad, a través de la reducción progresiva de la brecha en el acceso al empleo público, basándose en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica. No en vano, Ibáñez expuso que la reducción del grado al 65 por ciento no será una desventaja para las personas con más discapacidad, ya que las pruebas son «objetivadas» para cada opositor.

Acompañado del presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, el consejero de la Presidencia destacó que la actualización de la normativa regulará que las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, además de prestar una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso.

Oposiciones

Por otro lado, la Junta esperará a dar los pasos correspondientes para fijar fechas de exámenes de oposiciones hasta que no baje la incidencia del coronavirus en esta tercera ola, según explicó Ibáñez.

El consejero indicó que Función Pública ya tenía previsto un protocolo para garantizar la seguridad en los procesos selectivos para hacer compatible la protección de examinadores y opositores con la necesidad de incorporar profesionales a la Administración.

Ibáñez, quien recordó que desde el inicio de la legislatura llevan trabajando en una cantidad muy importante de procesos selectivos, señaló que, con ese objetivo, se ha determinado la posibilidad, en tanto en cuanto la tercera ola es «bastante preocupante», no seguir dando pasos en los trámites de fijación de fechas de exámenes y esperar a que la incidencia pueda bajar.