La incapacidad o dificultad de parte de la ciudadanía para el acceso y uso de los servicios y productos financieros en el mercado, con el fin de satisfacer sus necesidades y mantener una vida socialmente normalizada, «no es una preocupación novedosa», apunta el Procurador del Común en un informe en el que recopila las diferentes soluciones aportadas por las nueve diputaciones a este problema común, soluciones muy diferentes atendiendo las particularidades de cada territorio. 

En el expediente se recogen las iniciativas de cada institución provincial, haciendo hincapié en la población más necesitada de apoyo para acceder a los servicios financieros, como en aquellas personas de mayor edad, que están en situación de dependencia y a los que afecte de forma negativa la brecha digital. Diputaciones y ayuntamientos están llamados a ser protagonistas a la hora de suplir las dificultades de acceso a los servicios financieros en los pueblos.

La Diputación de Zamora ha anunciado una partida de 150.000 euros para que los ayuntamientos que no dispongan del servicio que les permita obtener dinero y actualizar sus libretas, puedan instalar cajeros automáticos en edificios de titularidad municipal. Para ello, se realizará una convocatoria abierta a concurrencia competitiva destinada a las entidades locales que cumplan unos requisitos de carácter técnico. 

La de Valladolid, dado el buen funcionamiento de los cajeros fijos y para cubrir el servicio en municipios sin oficina bancaria, ha tramitado un expediente para contratar un cajero móvil. El expediente de contratación se aprobó por 116.603 euros, para dos años y prestar el servicio en 171 ayuntamientos, una o dos veces al mes, en función del número de habitantes, pero el contrato no resultó a atractivo, nadie presentó ofertas, y quedó desierto, como en el caso de la Diputación de Burgos. Ahora, ambas han iniciado un nuevo proceso de contratación y está previsto que se adjudique este año. 

La respuesta de la Diputación de Salamanca a este problema se ha materializado con la puesta en marcha de un servicio de cajeros automáticos instalados en los bibliobuses que recorren la provincia, uniendo así dos servicios esenciales para aquellos municipios que por su población y capacidad económica carecen no sólo de los servicios financieros, sino también de los culturales. Cada uno de los bibliobuses tiene asignadas 65 localidades repartidas en 16 rutas, que se repiten cada 28 días, visitando diariamente entre 3 y 5 pueblos. Este año, por primera vez, se han programado salidas durante el mes de julio, para ofrecer el servicio de cajeros a los visitantes que la provincia recibe en esas fechas.

La Diputación de León trabaja, en colaboración con otras instituciones, entidades y organismos, «en mecanismos que faciliten la accesibilidad de los servicios financieros de cara a lograr un mayor grado de inclusión financiera», señalan, poniendo como ejemplo el convenio firmado con Correos para que los 160 carteros rurales de León sean «agentes bancarios» en lugares donde no haya ni oficina ni cajeros. Además, el presupuesto de este año contempla tres líneas de ayuda: instalación de 35 cajeros multi-entidad en pueblos que actualmente no tienen acceso a ningún servicio bancario y licitación pública de una oficina móvil para que una empresa autorizada realice servicios bancarios en distintos puntos por 405.000 euros.

La de Soria recuerda que las relaciones entre banca y particulares son «puramente privadas», y que no se comprende bien por qué motivo las administraciones públicas deben poner solución a un problema que han generado algunas entidades bancarias con su política comercial basada, más que probablemente, en criterios de rentabilidad. A pesar de este planteamiento, el presidente de la institución ha confirmado que este año se pondrá en marcha una oficina móvil, en colaboración con una entidad bancaria, para combatir la exclusión financiera. En concreto, la dotación económica será de 70.000 euros y la institución provincial ha contestado al Procurador del Común de Castilla y León que se quiere ampliar una red de oficinas bancarias móviles, como está haciendo Caja Rural de Soria, entidad que ya ha adelantado que con el presupuesto destinado por la Diputación se podrá en marcha el necesario servicio a un número mayor de núcleos de los que ya atiende.

La Diputación de Palencia ha alcanzado un acuerdo con Caixabank para implantar el primer programa piloto en esta provincia con el objetivo de evitar la exclusión financiera a través de la puesta en marcha de una oficina móvil atendida por un empleado de esta entidad financiera y dotada de cajero automático para efectuar las operaciones más habituales, como la retirada de efectivo, realización de ingresos y el pago de recibos e impuestos, con independencia de que sean o no clientes de esta entidad. 

Con este convenio anual se pretende llegar a más de sesenta municipios. La Diputación palentina, por primera vez, incorpora a su presupuesto 250.000 euros para sufragar actuaciones contra la exclusión financiera.

La Diputación de Ávila, actuando como nexo de conexión entre Caixabank y los ayuntamientos, ha impulsado, respaldado y auxiliado a esta entidad financiera en la ampliación de su servicio de oficinas bancarias móviles (Ofibus) para que, en la actualidad, alcance a 127 municipios que carecen de servicios bancarios presenciales y permanentes, y en los que residen unos 27.000 abulenses. Este servicio se presta con personal del banco para evitar las dificultades que pueda tener cualquier persona para operar con cajeros.

La Diputación de Segovia tiene un proyecto para instalar este año cajeros automáticos en una veintena de municipios, en colaboración con los ayuntamientos que deseen poner en marcha el servicio en espacios municipales.