El triángulo situado entre las traseras de la avenida Casa la Vega, los alrededores del colegio Juan de Vallejo y la calle Manuel Altolaguirre se ha convertido en un punto negro para el urbanismo. Las tres actuaciones llevan veinte años en trámites sin mucho éxito. 

El solar entre la calle Poeta Martín Garrido y las traseras del colegio Alejandro Rodríguez de Valcárcel parece que ha dado un paso en firme para convertirse en una manzana residencial tras recibir luz verde del Consejo de Fomento y ahora los esfuerzos se centran en desbloquear la parcela donde se situaban las naves de Textiles Marín. 

Debido a la complejidad que entraña al tratarse de una propiedad horizontal (126 fincas registrales, de las cuales 120 corresponden a  los propietarios de las viviendas y el resto a locales comerciales), el área de Fomento ha decidido mediar con los dueños y los promotores para llegar a una solución ante la degradación de este entorno. En el centro de la parcela hay unos antiguos almacenes que hay que derribar y que con el paso del tiempo se han convertido en un foco de basura que causa inconvenientes a los vecinos de las casas colindantes. «Si fuese un único propietario se podría segregar la parcela que ocupan las naves de los bloques ya construidos, demoler, urbanizar  y construir el aprovechamiento.

Sin embargo, hay muchos propietarios pequeños que son los de los bloques edificados y otro propietario más grande que es el de naves. El problema es poner de acuerdo a todos», indicó el concejal de Fomento, Daniel Garabito. 

La propiedad de la zona de las naves es de Fincas y Alquileres Siglo XXI, S.L., al que corresponde una cuota-valor de 28,73% de la división horizontal y que debe financiar el grueso de la demolición y la posterior cesión de espacios para viales, una vez realizada la urbanización, pero también deben colaborar los pequeños propietarios. «Hay que intentar llegar a un acuerdo para que todos ganen y repartir de manera justa los derechos y obligaciones. También sería beneficioso para la ciudad, dado que tiene un interés público que se urbanice conforme al PGOU», añadió.

Los 120 propietarios de las viviendas ya construidas en esta actuación urbanística no pierden sus  casas pero con el desarrollo logran un «pequeño aprovechamiento» en el nuevo bloque pero a su vez deben participar «mínimamente» en los deberes mientras que los propietarios de las naves pierden la edificación pero obtiene un más aprovechamiento. «Llegar a un equilibrio es lo que pretendemos reuniéndonos con las partes».

Los propietarios de las 120 casas han contratado a un abogado para defender sus intereses aunque señalan que cuando adquirieron las mismas no sabían de la titularidad horizontal como consecuencia de ser suelos de protección oficial.