La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha obligado al Ayuntamiento de Burgos a indemnizar con 43.492 euros a la promotora de una vivienda adosada en la calle Francia (junto al parque lineal del Vena) después de que el Consistorio hubiera concedido una licencia en 2011 para la construcción del inmueble y un año después ordenara la paralización de los trabajos y obligara a deshacer algunos de los que ya se habían ejecutado.

La historia arranca en febrero de 2011, cuando la promotora solicita la licencia para la construcción de una vivienda unifamliar en esta zona residencial del G-3, donde se levantaron en su día un número importante de chalets y adosados. Ya los técnicos advirtieron de alguna deficiencia que se pidió subsanar  e incluso un informe del arquitecto municipal advirtió de que el adosado «no se ajustaría a las determinaciones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)». No obstante, se dio por bueno un acuerdo plenario de septiembre de 2010 en relación a algunas dudas interpretativas del documento urbanístico y se mantenía la ordenación en aquellos proyectos que estaban en ejecución.

La Comisión de Licencias celebrada en abril de 2011 no realizó ninguna manifestación en contra de la concesión del permiso y los problemas vinieron cuando ya se estaban ejecutando las obras. Lo que allí se estaba levantando no guardaba simetría con la vivienda colindante. 

Se presentó un recurso y se comprobó que las alineaciones, los colores, algunos materiales utilizados en algunos puntos (recogidos en el proyecto aprobado) no eran idénticos a los de los inmuebles contiguos. Incluso se comprobó que la edificabilidad que se aprobó debía de ser inferior (unos 76 metros cuadrados menos). Y fue ahí cuando el Ayuntamiento, en junio de 2012, anulaba su propia licencia y obligaba a parar las obras.

Ahora el TSJ ha ordenado pagar por las demoliciones que hubo que hacer, por los trabajos realizados, por la modificación del proyecto e incluso añade a la factura 6.000 euros por el «daño moral».