Las solicitudes de nuevas diligencias y testificales han demorado la instrucción del caso Campo de Aviación contra la exalcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, pero cinco años después ha llegado el auto de archivo, que no deja lugar a dudas sobre la legalidad de las decisiones que la junta de gobierno adoptó en 2009 y 2010 respecto de la urbanización residencial ubicada entre el Soto y Villacanes. La juez no ve delito alguno, al contrario de lo que en 2016 defendieron los tres ediles de Ciudadanos (Cs) y la única socialista, cuando pusieron el expediente en manos de la Fiscalía que solicitó al Juzgado iniciar un procedimiento.
Por el camino, dos de los denunciantes, el exalcalde de Cs, Miguel de Lucio, y el teniente alcalde, Jesús Argüelles, se retiraron de la denuncia, que solo mantenían José Eugenio Alonso de Porres y Lidia Isla. Esta última en solitario ha decidido recurrir en apelación el archivo ante la Audiencia Provincial.
Tras una Comisión de Investigación celebrada en 2016, el día de diciembre que PP e IM presentaban una moción de censura que desbancó a Cs, sus ediles acudieron a la Fiscalía. Aducían que debido a las decisiones adoptadas en 2009 y 2010, el Ayuntamiento tenía que asumir arreglos en el Campo de Aviación por valor de 735.000 euros y que ello implicaba un grave perjuicio a las arcas municipales, que solo contaban con un aval de cerca de 400.000 euros aportados por la promotora de la urbanización. En su denuncia incluso señalaron que el aval se había destinado a usos distintos, ante lo que la jueza afirma que una junta de gobierno de junio de 2012 decidió ejecutarlo, que se ingresó en una cuenta municipal de Caixabank y en noviembre de ese año «se transfirió a otra entidad», donde sigue.
La junta de gobierno local acordó en 2009 una recepción parcial de las obras de urbanización (calles y servicios)de la primera fase y en 2010, de la segunda. Quedaba pendiente la tercera fase, que aún sigue en manos de los propietarios del terreno. El auto explicita que la alcaldesa «pidió un informe jurídico externo a Gloria Bañeres en noviembre de 2009 y, conforme a los informes técnicos municipales, como el del arquitecto, concluyó que existía la posibilidad jurídica de la recepción parcial». Según la juez, «en ninguno de los informes ponían de manifiesto que las obras adolecieran de falta de ejecución que les impidiesen dar funcionalidad y, a tenor de dichos informes se acordó la recepción parcial», con algunos flecos pendientes que se iban a subsanar antes de la entrega de la tercera fase.
Destrozos posteriores. No obstante, entre esos acuerdos de 2009 y 2010 y el año 2016, en que se presentó la denuncia, en el Campo de Aviación se sucedieron desperfectos y los ediles de Cs incluían el coste de su reparación en los 735.000 euros que decían habían quedado sin ejecutar por las decisiones de Alzola. La exedil defiende que un informe del arquitecto cifró las obras necesarias en solo 35.000 euros. Pero en todo caso, la juez indica que «en cuanto al deterioro del Campo de Aviación... que los denunciantes pretenden atribuir a la investigada, las diligencias de investigación demuestran lo contrario». «Y esto es así porque se han producido posteriormente a los hechos investigados (2009 y 2010), como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones», añade. Asimismo, afirma que «no se puede atribuir el robo de cableado eléctrico o la desaparición de farolas o de señalización de los viales a la recepción de la 1ª y 2ª fases, que son los hechos investigados».
Al Campo de Aviación, un ambicioso plan urbanístico que se diseñó para 630 viviendas lo atropelló la crisis del ladrillo, que dejó el macropoyecto con apenas medio centenar de chalés, pero un mar de calles desiertas. La jueza esgrime que cuando se adoptaron los acuerdos «no se podía prever la situación de crisis económica en la que entró el promotor de dicha urbanización».