La consejera de Educación, Rocío Lucas, ensalzó hoy el "firme compromiso" de la Junta con las universidades públicas de Castilla y León a pesar del anuncio del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de recortar la aportación económica a las cátedras de sindicalismo y Diálogo Social, aspecto sobre el que preguntó el procurador socialista Fernando Pablos.
En todo caso, la consejera admitió que existen actuaciones transversales de colaboración de otras consejerías y administraciones públicas, de carácter "puntual y sectorial", en los que no participa Educación, "tampoco cuando se decide replantear su colaboración". Aprovechó para preguntar por el compromiso del Gobierno con las universidades, a lo que Pablos contestó que ella "había dimitido de procuradora y no podía preguntar".
Lucas afeó al socialista "hablar de diálogo cuando Pedro Sánchez es el menos dialogante en la historia de la democracia en materia educativo, así que lecciones ninguna". La consejera se refirió la "autonomía universitaria" de las cátedras y reafirmó el "compromiso" de la Junta, que ha aumentado su financiación hacia estas entidades desde los 369 millones de 2020 a los 395 de 2021. En los primeros meses de 2022 se han liberado 303 millones y avanzó que "solo quedan 56 millones de euros". "Hacemos un gran esfuerzo por mantener un sistema universitario de calidad", sostuvo.
Por último, instó al procurador a "traer a las Cortes una memoria económica" de la Ley de Universidades "que no imponga compromisos que luego no podamos sufragar". También le invitó a sumarse a la reivindicación del Gobierno autonómico de una EBAU única, que es "irrenunciable". "Mucho me temo que solo gobierna uno y el resto son monaguillos y no tendremos su apoyo", finalizó en referencia a las palabras pronunciadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Pablos saludó a Ana Murcia, responsable de la Cátedra de Sindicalismo de la Uva, presente en el Pleno, y pidió el apoyo a Lucas frente a la "verborrea" de García-Gallardo que las calificó de "superfluas e inútiles". El procurador se centró en la cátedra vallisoletana, centrada en el Diálogo Social, aunque también mencionó otra destinará a la ciberseguridad y otra incipiente en Salamanca.
Por ello, invitó a la consejera a suprimir uno de los asesores vinculados a García-Gallardo, que "perciben cada uno 73.000 euros", y poder financiar la Cátedra de la UVa, que tiene un coste de 60.000 euros gracias a la contratación de un investigador a tiempo completo y por las que han pasado en los últimos años más de 100 estudiantes. "Con la destitución de uno de ellos se puede mantener la cátedra. La Junta necesita más sindicalismo y menos boca pequeña", dijo.