Empezó como un virus lejano que atemorizó primero a China, pero pronto se convirtió en una pandemia que paró en seco a España. La COVID-19 extendió sus tentáculos por el mundo y llegó finalmente al país y el Gobierno se vio obligado a declarar el primer decreto de alarma, hoy hace dos años, para hacer frente a esa nueva amenaza.
Desde entonces, los españoles han vivido en una especie de montaña rusa: de ola en ola de contagios, hasta llegar a la sexta, nueve meses y tres semanas de estado de alarma, al menos cinco variantes, una campaña de vacunación masiva y unas medidas restrictivas que se han ido modulando en función de la intensidad de la enfermedad en cada momento. Sin embargo, en este momento, parece que el SARS-CoV-2 está volviendo a dar un respiro en España, que ya debate cómo y cuándo retirar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores.
El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez comparecía ante los medios de comunicación, de manera telemática, para anunciar en tono de gravedad las «decisiones extraordinarias» que había adoptado para «proteger a los españoles y ganar al virus». Medidas tan duras como el confinamiento de todos los ciudadanos cuyos trabajos no resultaran esenciales, que se amparó bajo el paraguas de un decreto de alarma, un instrumento constitucional que se aplicaba por primera vez para toda la población y que resultó ser el más duro de los dos que se aplicaron durante la pandemia.
Se prohibió a los españoles salir a la calle e incluso pasear, salvo que tuvieran animal de compañía, se cerraron negocios, los colegios y universidades, toda la restauración, se suspendieron los viajes en trenes, aviones y barcos y se aplicaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a buena parte de los trabajadores.
Ese primer decreto se extendió hasta el 21 de junio, con sucesivas prórrogas quincenales que cada vez cosechaban menos apoyos en el Congreso de los Diputados. No obstante, a partir de mayo, las medidas se fueron modulando con el llamado Plan de desescalada que llevó a los ciudadanos a la nueva normalidad. Y aunque en un primer momento el Ejecutivo no hizo obligatorias las mascarillas, se acabó aprobando su uso tanto en interior como en el exterior.
Inconstitucional
Pero varias de las medidas de ese estado de alarma fueron declaradas inconstitucionales por el TC el 14 de julio de 2021, como la libertad de circulación de personas o el cierre a la circulación de carreteras.
A ese primer decreto le siguió otro aprobado el 25 de octubre de 2020 que finalizó el 9 de noviembre, pero que se prorrogó, por acuerdo del Consejo de Ministros, seis meses más, hasta el 9 de mayo.
Pero el TC también declaró inconstitucional esa prórroga por entender que tuvo un carácter «no razonable o infundado».
Tras decaer la vigencia del último estado de alarma el 9 de mayo de 2021, el Gobierno aprobó un decreto dejando en manos de las autonomías la toma de decisiones para frenar los contagios. Ahora, dos años después, los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad están abordando la posibilidad de suprimir las mascarillas en el interior de los edificios, después de haberla eliminado en el exterior. No obstante, el departamento de Carolina Darias no ha dado aún el paso, aunque alguna comunidad, como la de Madrid, lo ha solicitado ya.