Te pongas como te pongas el lobby eléctrico, desde siempre, ha tenido todas las de ganar. En este caso no hablo ya de las estratosféricas facturas de luz o gas, puertas giratorias, dividendos escandalosos ni contratos millonarios… sino de cuestiones más a ras de tierra como son esas expropiaciones forzosas de terrenos para levantar nuevas redes o reformar tendidos eléctricos.

No hay problema. Si se plantea resistencia de los propietarios de las fincas afectadas a aceptar las roñosas propuestas dinerarias de la beneficiaria se insta de la administración la declaración de utilidad pública del proyecto y se aplica todo el peso de la obsoleta Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la legislación posterior para fijar supuestos justiprecios, que de justicia tienen bien poco. Hablan de procedimientos negociados pero no lo son en absoluto porque las operadoras fijan cantidades que resultan al final casi inamovibles. Ellos saben que el dinero que ofrecen por los terrenos expropiados, servidumbres, vuelos de los tendidos y afecciones varias… son una miseria pero nunca lo reconocerán.  

Si el propietario rechaza en el levantamiento de actas la oferta y acude al amparo de la administración casi le da igual porque la ley favorece claramente a las eléctricas. Puede presentar su propia hoja de aprecio para defender sus intereses y el patrimonio familiar, pero será replicada por la de la compañía, mucho más técnica porque tienen dinero y una legión de profesionales a sueldo. Con la limosna que están dispuestos a pagar al dueño no da ni de lejos para contratar siquiera un perito que haga un informe para contraargumentar su hoja de desprecio. Las eléctricas lo saben y con ello cuentan.  Al final, si no quieres que las alforjas valgan más que el burro, no te queda otra que confiar en que la empatía y magnanimidad de la comisión provincial de valoración y que sus técnicos fijen una indemnización que pasará, como mucho, de mezquina a raquítica. 

Ese es, lamentablemente, el desenlace de este culebrón eléctrico.