El Consejo de Cuentas avisó ayer al Gobierno autonómico que las facturas sin pagar que arrastra la Gerencia Regional de Sanidad se están convirtiendo en un «problema estructural desde el punto de vista económico». Así lo puso de relieve el presidente de la entidad, Mario Amilivia, que detectó de nuevo en los informes de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de los ejercicios 2016 y 2017 que «todas» las entidades del sector público de Castilla y León dejan año tras año facturas en los cajones, con una especial incidencia en la Sanidad. «La gran asignatura pendiente de esta Comunidad es la Sanidad», expuso Amilivia, que recordó que la Sanidad ya supone el 36% del presupuesto de Castilla y León.

En este sentido, expuso que esto es consecuencia del envejecimiento y la dispersión y apeló a la Comunidad, a que aborde desde la unidad, un nuevo modelo de financiación con el Gobierno que tenga en cuenta esos criterios. «Es importante mantener el consenso de las fuerzas de la Comunidad», dijo en las Cortes durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, para desgranar esos informes, una cita que arrancó con un minuto de silencio por los últimos crímenes machistas. 

Amilivia explicó que las dos entidades con mayor importe en la cuenta 409 (acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto) son la Administración General de la Comunidad, fundamentalmente la Consejería de Educación, y la Gerencia Regional de Salud. En este sentido, el informe precisa que en 2017, pese a que se incumplió el objetivo de déficit (0,99 frente al 0,6% previsto), había 132 millones de obligaciones pendientes en Sanidad, de las que seis procedían de ejercicios anteriores. Asimismo, existían facturas de años anteriores «indebidamente imputadas» a 2017 por importe de 422 millones, informa Ical.

El presidente del Consejo de Cuentas expuso, con todo, que en 2016, había sin imputar 462 millones, casi la misma cantidad que los tres años anteriores, lo que supuso un descenso importante en 2017, del 71,5%. Sin embargo, en 2018, los 132 millones de 2017, ya se había convertido en 181 millones, según las previsiones que maneja la institución propia, y que lo incorporará en su siguiente informe.

Mario Amilivia también advirtió de que la «insuficiencia presupuestaria» ocasiona a la Gerencia unos gastos por intereses de demora que no se registran. Así, denunció que la cuenta 409 «no recoge el importe de todas las obligaciones pendientes».

Propuestas de los grupos

Los portavoces de PP y Ciudadanos en la comisión, Salvador Cruz y Juan Pablo Izquierdo, coincidieron en exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación para que Castilla y León pueda hacer frente a su creciente gasto sanitario. Cruz advirtió de que o se modifica el modelo o «las cuentas de esta Comunidad son difícilmente sostenibles por el aumento del gasto sanitario».  El procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo lamentó que en la Gerencia de Salud «el problema de la insuficiencia de crédito para pagar subsiste», a la que se suma los costes financieros que conlleva.

Por último, la procuradora del PSOE Rosa Rubio denunció que el «gran agujero negro» de la Comunidad es la Gerencia Regional de Salud y tachó de «alarmante» la cuantía de las facturas que se dejan de abonar año tras año. Ante esto, la socialista indicó que esas facturas «se pagan en diferido» como le gusta al PP, y esa «insuficiencia presupuestaria» también ocasiones intereses de demora.

Inventario

El presidente del Consejo de Cuentas, por otra parte, comentó que en los informes presentados la Comunidad «sigue sin tener implantado» un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, y apeló que se agilicen los trabajos para su elaboración.