Los expedientes sancionadores por los derribos ilegales de fachadas protegidas, tanto en el caso del antiguo colegio Niño Jesús como en las Trinitarias de la plaza de Santa Teresa, acabarán con multas inferiores a lo que se podía esperar inicialmente. Así lo indican respectivamente el pliego de cargos y la propuesta de resolución que preparan desde el área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos.

El concejal responsable del área, Julio Rodríguez Vigil, retomó estos dos asuntos hace unas semanas después de que el caso del Niño Jesús hubiera prescrito tras meses de abandono y de que la sanción a las Trinitarias también estuviera en el olvido, pendiente de tramitación.

El del antiguo colegio situado en el Paseo de la Audiencia fue el caso más sonado. En abril de 2019 se cayó la fachada del viejo pabellón escolar orientado hacia la calle Aparicio y Ruiz. Y en agosto de ese mismo año, poco después de ponerse en marcha el nuevo mandato municipal, el Ayuntamiento anunció mediante una nota de prensa que abría un expediente sancionador contra la empresa promotora de la obra de conversión del antiguo colegio Niño Jesús en viviendas, lo que ahora se denomina Residencial La Isla.

La llamada Casa del Capellán está en plena plaza de Santa Teresa - Foto: Jesús J. Matías

Cuando todavía estaba en la oposición, el PSOE reclamó la "máxima sanción" por la pérdida de la fachada protegida, y los informes municipales determinaron que se había producido un "derribo o desmontaje" sin licencia "o contraviniendo las condiciones de la misma". Sin embargo, el expediente quedó paralizado al poco de arrancar la legislatura. El pliego de cargos sí fue trasladado a la empresa Bellbrick (vinculada a Dragados) y en él se calificaron los hemos imputados como constitutivos de una infracción "muy grave", con sanciones entre los 300.000 euros y los 3 millones, según la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

La promotora presentó alegaciones, pero estas últimas ni siquiera fueron contestadas y 6 meses después de su incoación el caso acabó caducando. Sin embargo, como no había prescrito, al llegar al cargo como nuevo concejal de Ciudadanos, Rodríguez Vigil retomó el asunto aunque ahora la sanción será mucho menor de aquella con la que inicialmente se amagó.

Ya en su día la empresa se defendió argumentando que el derribo no había sido tal, sino un desmontaje, y expresaba su intención de que "la reconstrucción posterior sea lo más fiel posible al original". En la actualidad las obras se encuentran ya prácticamente terminadas, por lo que cualquiera puede juzgar a simple vista el resultado

En enero, el edil de Licencias ya apuntaba la posibilidad de que la sanción finalmente aplicable no fuese la de muy grave, pues además la obra ha recibido el visto bueno de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que autorizó la reconstrucción planteada. Ahora concreta un poco más y habla de que la calificación podría aliviarse con "atenuantes" para ser calificada como simplemente grave, , lo que implicaría una horquilla según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de entre 10.000 y 300.000 euros. En concreto, Rodríguez Vigil habla de que la cantidad final podría ser de "30.000 o 40.000 euros".

Las Trinitarias. Más leve aún sería el caso de la Casa del Capellán de las Trinitarias. Este edificio situado en la plaza de Santa Teresa ha sido demolido para dar paso a la construcción de pequeños apartamentos. Su fachada también estaba protegida y también desapareció, aunque en este caso con el visto bueno de los técnicos municipales al aceptar que un deslizamiento del terreno hacía imposible su sujeción.

Hubo permiso para dejarla caer, pero no para comenzar a levantar la nueva estructura sin tramitar antes los permisos oportunos, y fue por este último motivo por lo que el Consistorio paralizó los trabajos a finales de septiembre: "Por obras sin estar aprobado proyecto de ejecución".

Tres meses después, a mediados de enero, se inició el expediente sancionador. La empresa presentó alegaciones que han sido desestimadas y finalmente la multa quedará calificada como leve y se le aplicará la cuantía mínima de 1.000 euros, siempre según las explicaciones que ofrece el concejal de Licencias.