El recurso presentado por el Partido Popular a la Ley Orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo se había convertido en un hito en la historia del Tribunal Constitucional. Jamás un recurso había estado tanto tiempo, 12 años, sobre la mesa del pleno del tribunal de garantías, sin que ni siquiera fuera debatido. Esto demostraba dos cosas: que el poder judicial también está sometido a tensiones ideológicas y que había dudas acerca de la oportunidad de la norma, al menos en el contexto histórico en el que fue concebida y aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La 'ley del aborto' pasó a la historia como 'ley de plazos' al sustituir los tres supuestos contemplados para interrumpir legalmente un embarazo, que estuvieron vigentes en España durante un cuarto de siglo, por un articulado que permite el aborto sin que medie supuesto alguno siempre y cuando se haga dentro de las 14 primeras semanas de embarazo. En el fondo, la 'ley de plazos' vigente en España desde 2010 converge con la mayoría de las promulgadas en el ámbito europeo. De hecho, tres de los cuatro magistrados conservadores del pleno del Constitucional no se oponen a los plazos establecidos.
Las diferencias estribaban en el aspecto formal, y más concretamente en el procedimiento para informar a la madre gestante o en la cláusula de conciencia de los sanitarios, aspectos que han quedado despejados en apenas dos días y que se resolverán entregando la documentación a la mujer en un sobre cerrado y dejando pasar tres días de 'reflexión' antes de practicar la interrupción voluntaria. Ha sido el bloque 'progresista' del TC el que ha cerrado filas para sacar adelante el aval, si bien tampoco parece que la causa haya generado incendio alguno, máxime cuando el propio presidente del partido recurrente, Alberto Núñez Feijóo, considera que la ley, vista hoy, es «correcta y constitucional», entregando así a Vox el rendimiento político que por la margen derecha se pudiera sacar a la oposición frontal a la norma.
España podrá ahora volver a centrar la atención en otras muchas políticas relevantes que están sometidas a un proceso de reforma o pretenden estarlo si se produce un cambio de gobierno. Enrocarse en debatir una ley que lleva más de una década vigente, que se aplica efectivamente y que el partido que la recurrió considera homologable a la de las democracias occidentales más consolidadas, no cotiza entre las prioridades de la sociedad española. Mejor dedicar esfuerzos a legislar más y mejor en la protección de la familia, reduciendo la depredación fiscal que lleva años, convirtiendo el reto de tener hijos en una misión, para muchos, imposible.