La muerte por suicidio de una mujer en la residencia de ancianos de Celada del Camino el pasado mes de octubre está siendo investigada por los tribunales. Este geriátrico, con el que la Gerencia de Servicios Sociales tiene concertadas plazas, es el mismo que el 17 de julio sufrió un incendio en el que fallecieron dos personas y que hizo necesario el traslado de los 38 residentes a otros centros de la Junta de Castilla y León en Burgos.

Cuando se produjo el suceso la Consejería de Familia puso en marcha una investigación interna para conocer qué fallos de seguridad se produjeron -si es que ocurrió alguno- para que se produjera el fatal desenlace. En un primer momento, la Administración -que informa de que la residencia, del grupo Domus Vi ha sido sometida a todas las inspecciones oportunas- puso el caso en manos de la Fiscalía, que le dio traslado al Juzgado número 2. En esa instancia se archivó pero se trata de una medida que no es firme porque ha sido recurrida.

A preguntas de este periódico, la compañía y el equipo del centro Celada del Camino han manifestado «su profundo pesar por este acontecimiento». Explicaron que la mujer fue hospitalizada en agosto y que al volver a la residencia «presentaba unas condiciones clínicas malas» y que desde el centro, «se hizo lo posible por brindarle los cuidados básicos para garantizar su plena recuperación».

«El 2 de octubre, no obstante, la residente se quitó la vida sin que el personal de la residencia ni nadie más, pudiera evitarlo», afirmó un portavoz, que aseguró que Domus Vi «ha permanecido al lado de los familiares y ha prestado su total colaboración con la Guardia Civil y las autoridades a cargo de la investigación». La empresa insistió en que el centro de Celada del Camino «cumple con la normativa de seguridad y con todos los estándares asistenciales previstos por la normativa vigente en Castilla y León».

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