La crisis que azota al Ayuntamiento de Miranda por los problemas de retribución y falta de efectivos en la Policía Local comienza ahora un nuevo capítulo. Los agentes, según dicen, acumulan varias semanas pidiendo al equipo de Gobierno que «especifique» cuánto se les paga por cada «concepto». Sin embargo, desde la concejalía de Personal se les ha negado dicha información y, por lo visto, el Consistorio se remite a una serie de documentos con décadas de antigüedad. Ante esta situación, los empleados creen que la administración municipal puede «contravenir la ley de transparencia» y ya han comenzado los trámites para tratarlo en el juzgado.
Al margen de los abogados con los que cuenta cada grupo sindical, la plantilla está uniendo fuerzas y va a contratar a un letrado para que represente a todos los agentes. De hecho, ya han iniciado una «recolecta» interna que avanza a pasos agigantados. En este proceso judicial, la Policía Local no solo tratará de esclarecer cuánto les paga el Ayuntamiento por cada concepto como «disponibilidad», sino que además denunciará los cambios de turnos forzosos que ya afectan, incluso, a sus «vidas» personales.
Buen ejemplo de esta cuestión se vivió este mismo lunes, cuando uno de los trabajadores llegó a la comisaría a las 14:00 horas para comenzar treinta minutos más tarde su turno. Sin embargo, justo después de fichar, recibió el aviso de que se le había cambiado el horario en ese instante. Aunque no se trataba de la «notificación» debida, el agente tuvo que asumir la variación y ese día ejerció sus funciones, pero en el tramo nocturno.
Unido a todo ello, la Policía Local mantiene sus críticas al equipo de Gobierno por el agravio comparativo que perciben al observar los salarios de otros profesionales municipales. «Nos tienen que retribuir por ley, tal y como lo estipula el convenio vigente según las condiciones particulares de los respectivos puestos de trabajo en atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad», explican los representantes sindicales de la plantilla. «Si a todos estos conceptos sumamos lo que cobramos por turnicidad, y disponibilidad, ¿Por qué estamos cobrando menos que el resto de trabajadores que poseen el mismo grupo que el nuestro?», se preguntan.
Según sostienen los agentes, por ejemplo, un administrativo tiene atribuidos «menos conceptos», pero el líquido a percibir es mayor. Así, reclaman una equiparación que aplique los mismos estándares a todos los empleados de su grupo profesional. Para visibilizar su realidad los efectivos de la Policía Local adelantan que acudirán a los plenos ataviados con chalecos amarillos en señal de protesta.
COOPERACIÓN. En la entrevista concedida a Diario de Burgos por el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, el edil aseguró que cuando tildó a la Policía Local de «auxiliar» de la Policía Nacional no pretendía menospreciar a nadie, sino que describía lo que la legislación expone. Estas declaraciones han generado la indignación en los agentes municipales, que se preguntan «¿qué ley indica eso?». Conforme explican los trabajadores, la normativa de Fuerza y Cuerpos de Seguridad «no aplica esa descalificación», dado que «ninguna Policía está subordinada a otra». Según aclaran, el texto legal «afirma literalmente que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca». Por tanto, desean remarcar que «las funciones de la Policía Local están claramente tasadas, si bien en la función de Policía Judicial, excepto en materia de tráfico, tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».