El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, mantuvo hoy una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid, con su presidenta Ángela de Miguel a la cabeza, y advirtió que "tres de cada diez autónomos españoles no recuperarán su actividad hasta bien entrado 2023". En el encuentro, según explicó De Miguel, se analizaron las medidas que ambas entidades consideran necesarias para que autónomos y pequeñas empresas puedan "mantener su actividad y crecer en un momento de importante incertidumbre económica" como el actual.
"En marzo de 2020 caímos a plomo del piso número 12 hasta la planta menos tres. El pasado mes de mayo empezó a llover un poquito y a haber algo más de alegría, pero vamos por el segundo piso todavía, nos quedan diez plantas por subir, así que no nos pongan zancadillas, porque si lo hacen las heridas volverán a abrirse y empezaremos a desangrarnos", advirtió.
En declaraciones recogidas por Ical, Amor reconoció que en estos momentos el sector atraviesa una situación "mejor que el año pasado, cuando la caída de muchas actividades era tremenda", si bien advirtió que "hoy la mayoría de autónomos y pequeñas empresas con lo que venden no cubren costes ni lo pendiente de pagar aplazado de los dos años que hemos vivido de pandemia". "Esto es muy grave, porque se nos está vendiendo como si tuviéramos una recuperación sólida y consolidada", afirmó.
Así, recordó que hoy se está pagando la luz en los negocios un 400 por ciento más cara que el año pasado, llenar el depósito del coche para un autónomo supone un 35 por ciento más, y las materias primas, los componentes y materias primas se han disparado o directamente faltan. "Los costes laborales y la fiscalidad se han incrementado, y a corto plazo se quieren subir las cotizaciones sociales. Cuidado porque la vaca no da más leche; dejen de ordeñar con más impuestos, cotizaciones y trabas", reclamó al Ejecutivo central.
"Es un momento complicado, en el cual se está hablando de reforma laboral, de impuestos de diseño que se crearán 'a docquier', pero no se habla de reducir impuestos, cotizaciones, trabas administrativas o gasto en la administración", recalcó antes de reconocer que en ATA están "preocupados" por la posibilidad de que se emprenda una nueva reforma laboral. "El empleo va mejor que la economía. Hay datos positivos gracias a un tirón importante del empleo público, pero cuidado con establecer rigideces y eliminar flexibilidad en la normativa laboral. Estamos comprometidos con lo que nos demanda Europa en cuanto a la necesidad de reducir la temporalidad en España e intentar llegar a la media de la UE, pero nuestra economía es la que es y depende del sector servicios, que concentra gran parte de esos contratos temporales", advirtió.
En ese sentido, subrayó que "a los autónomos les ha ido bien con la normativa laboral de 2012", ya que "ha permitido la creación de empleo". "Uno se cansa de oír que hay más contratos temporales desde la reforma, eso no es verdad. La tasa de temporalidad se ha rebajado en España", recalcó.
Esfuerzo fiscal
Por su parte, Ángela de Miguel destacó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y por la Diputación de Valladolid en el marco del Diálogo Social, para "poner en funcionamiento ayudas dirigidas a pymes y autónomos para que puedan consolidar su actividad, mantener sus empleos y continuar contribuyendo al desarrollo económico de Valladolid", frente a modelos como el asumido por el Gobierno Central, que "con reformas que desincentivan la inversión puede poner en riesgo un número importante de puestos de trabajo".
Según detalló, España realiza un esfuerzo fiscal un 6,6 por ciento superior al de la Unión Europea, que "ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE". "Entre las grandes economías avanzadas, tan solo Italia presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país", explicó antes de señalar que "subir impuestos en este contexto va a ser contraproducente, ya que supondría retardar, cuando no imposibilitar, las posibilidades de recuperación económica".
En su opinión, los esfuerzos de la Administración deberían ir dirigidos a "controlar la economía sumergida en el país", que alcanza en España el 22 por ciento frente al 13 por ciento de la media de la UE, según el FMI, para aumentar la recaudación, algo que a su juicio pasa tanto por "mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal, como por apostar por sistemas fiscales más razonables". Por ello, considera "inoportuno" poner sobre la mesa cambios normativos que puedan implicar una mayor fiscalidad o que coarten la flexibilidad interna de las empresas.