Para la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) solo existe una receta para garantizar las pensiones futuras, que no es otra que la de implementar políticas que favorezcan la creación de empleo, «pues cuantos más cotizantes haya a la Seguridad Social más sencillo será mantener el sistema». Lo dice el vicesecretario la patronal burgalesa, Íñigo LLarena, quien censura la fórmula que ha propuesto el Gobierno para mantener llena la hucha de las jubilaciones, la de aumentar las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores. Se trata de una idea «errónea», asegura, porque «incrementa el capítulo de costes de los empresarios», que es «lo que menos necesitan, más en un contexto de subida del precio de la energía y de las materias primas».

En opinión de este portavoz de la FAE «no se pueden poner en marcha ahora medidas que atenten contra la competitividad de las empresas, en especial en un contexto económico como el actual». Asimismo, considera que «a la postre quienes van a pagar el pato son los trabajadores más jóvenes». 

El alza de las cotizaciones que ha acordado el Gobierno con los sindicatos y el rechazo de los empresarios representa el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, con el que se pretende rellenar la hucha de las pensiones para afrontar la jubilación del baby boom a partir de la próxima década y contener un déficit presupuestario.

El planteamiento del Ejecutivo  prevé un reparto de la subida general de la cotización en un 0,6%, pero que incluye un reparto del 0,4% para el empresario y del 0,2% para el empleado. Además, en su última propuesta el Gobierno entierra la idea de un ajuste de las prestaciones a partir de 2032 si no se logra contener el desequilibrio presupuestario o una nueva subida extra de cotizaciones a empresas y trabajadores, como plan B.

La FAE critica el mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, también por considerarlo «insuficiente», pues «no garantiza el equilibrio del sistema y necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad».

Llarena insiste en que aumentar las cotizaciones sociales y «hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas» tiene efectos negativos sobre el empleo y «va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones». «El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones», apunta. Además, consideran que la propuesta del Ejecutivo tiene «poco de intergeneracional», ya que, a su entender, «carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes».