La pandemia ha puesto sobre las cuerdas a la economía mundial y, aunque poco a poco se empieza a levantar cabeza, aún queda un tiempo prudencial para que la situación pueda revertirse. Por ejemplo, en España, más de 300.000 empresas mantienen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y cerca de 450.000 pymes necesitan más financiación para no colapsar, de las que unas 130.000 estarían a las puertas de presentar concurso de acreedores si no reciben antes ayudas.

Así se desprende del barómetro realizado en los primeros días de marzo y publicado ayer por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, que pide al Gobierno que no demore más aprobar las medidas para salvar a los negocios del «abismo».

El informe refleja que todavía permanecen en ERTE más de 300.000 compañías, de las que 113.000 cuentan con un aval del ICO, frente a las 225.000 pymes que han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO COVID-19 y que han salido de esa medida temporal de regulación de empleo.

En cuanto a los préstamos avalados por el Instituto de Créditos para las pymes que no están actualmente en ERTE, van a solicitar ampliación de plazos el 50% de las empresas, según se desprende del análisis, que también revela que todas las empresas que siguen en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir.

Además, el barómetro revela que más de 200.000 empresas están pensando en reclamar al Gobierno indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros.

Para el presidente de los Gestores Administrativos «es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. Por ello, considera que el Ejecutivo «debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas».

Prorrogar los ICO

Al ser preguntados sobre las medidas que debería tomar el Gobierno para aliviar los problemas de las pymes, el 56% de los gestores administrativos aboga por las ayudas directas, el 52% cree que se deben rebajar los seguros sociales y el 50% entiende que se debe facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés.

Prorrogar los ICO, habilitar nuevas líneas de financiación y mejorar las ayudas en los ERTE son otras de las medidas solicitadas por los gestores administrativos.

En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la frontera entre ser rescatada o no por el Estado, el 55% de los gestores administrativos afirma que no será fácil definir quien es o no viable.