Los procuradores del Partido Popular y Ciudadanos hicieron una defensa férrea de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2021 en lo que a la capital y provincia se refiere y se escudaron en la burocracia administrativa para justificar el olvido de partidas para continuar con las obras del centro de salud del Silo o el escaso dinero para el Parque Tecnológico (622.000 euros) o la ampliación del Museo de Burgos (46.200),que impedirán iniciar obras el próximo año y las posponen, al menos, hasta 2022. En todos los casos empeñaron su palabra en que estas actuaciones se harán en los próximos años a pesar de que una de ellas lleva esperando más de una década.
Por lo que se refiere al centro de salud del Silo, el procurador del PP Alejandro Vázquez aseguró que el dinero se «liberará» cuando se pueda rescindir el contrato con la empresa que renunció a seguir con las obras (Vialterra). En la actualidad la rescisión está pendiente de la resolución del Consejo Consultivo y posteriormente se tendrá que convocar un nuevo concurso por el importe de la obra que ha quedado sin ejecutar. Según datos facilitados por la Gerencia del Sacyl, se ha ejecutado un 21,14% (957.709 euros) de los 4.529.550 de la adjudicación. «El dinero de esta obra está recogido en los presupuestos de 2018 con una financiación plurianual y si se libera ahora habría una doble contabilidad, de modo que cuando se desbloquee el contrato se liberará de nuevo», aseguró Vázquez, una explicación en la que también coincidió el procurador de Ciudadanos Ignacio Delgado.
Ninguno de los dos aventuró cuándo se podrán reanudar las obras aunque debido a la compleja tramitación administrativa previsiblemente será ya en 2022. Antes de la nueva licitación es necesario hacer un estudio sobre el grado de ejecución del proyecto y sobre las unidades de actuación que son necesarias para completar la infraestructura. Partes del centro de salud están construidas pero hay que analizar cuáles han de retocarse por el parón de un año de las obras y cuáles quedan por ejecutar. Después la Gerencia de Salud ya podrá poner precio de salida a las obras y luego habrá de abrirse el plazo de concurrencia de ofertas para adjudicar.
Respecto a la ampliación del Museo de Burgos, el concurso no podrá convocarse en 2021 y se llevará a 2022. Los procuradores de los partidos que sustentan al Gobierno regional pasaron de puntillas sobre el tema aunque tras la insistencia de los medios de comunicación no tuvieron más remedio que reconocer el hecho de que este proyecto quedará aparcado aunque el «compromiso es ineludible» y justificaron la escasa partida en «una cuestión de ajustes» en palabras de Delgado.
En el caso del tercer gran proyecto, el Parque Tecnológico, las obras no llegarán hasta el año 2022. «El retraso es preocupante pero los procesos de rescisión de contratos son complejos. Ahora lo que tenemos que hacer es dar todos los pasos necesarios para que se ejecute lo antes posible», indicó el procurador de Ciudadanos, después de ser uno de los más beligerantes en la demanda de esta dotación en los últimos años.
Todo es mejorable. Los procuradores quisieron lanzar un mensaje a los ‘críticos’ con estos presupuestos y les calificaron como «sociales, enfocados a la lucha contra la covid y a la creación de empleo y símbolo de la unidad», algo muy diferente a los «lamentables y falaces» del Estado para la provincia en palabras de Delgado y su compañera Blanca Delia Negrete.
Desde las filas del PP, la procuradora Inmaculada Ranero aseguró que «no suben impuestos e, incluso los bajan frente al infierno fiscal del Gobierno de España».
Los populares recodaron que la provincia recibirá 1.014 millones, un 13,52% más respecto los de 2018 (últimos aprobados). Del total, 251,5 millones irán a los gastos del personal (uno de cada dos euros) mientras que para los gastos corrientes en bienes y servicios se reservan 251,5 (funcionamiento de los centros sanitarios, centros educativos y servicios sociales y transporte escolar). Las transferencias corrientes alcanzan los 205,8 millones, de los que más de 100 van a gastos en recetas de farmacia y 60,7 a los centros concertados, y las transferencias de capital por 5,7 millones que irán a ayudas para la covid a las entidades locales. «Es la apuesta de la Junta por la libre elección de centro y la escuela concertada frente a planteamientos sectario del Gobierno socialista de Pedro Sánchez», señaló el procurador Alejandro Vázquez.
También avanzó que las cuentas regionales traerán beneficios fiscales para los burgaleses hasta alcanzar los 61 millones, que afectarán a unas 26.000 declaraciones. De ellos, 50 millones irán a bonificaciones en el impuesto de sucesiones para 10.000 beneficiarios. «Ese dinero se quedará en sus bolsillos».