Tras dos años y medio desde la conclusión de la instrucción -con dos suspensiones de por medio-, y bastantes más desde que se iniciaron las diligencias del caso, el expresidente de Caja de Burgos, José María Arribas, se sentó ayer en el banquillo acusado de administración desleal durante su periodo al frente de la extinta entidad bancaria. El Ministerio Fiscal pide para él tres años de cárcel por, supuestamente, favorecer la concesión de créditos a empresas de su propiedad o de algún familiar. El valor total de las operaciones, según estima la acusación pública, ascendió a cerca de 35 millones de euros. Arribas defendió que la mayoría de estos préstamos han sido ya cancelados y que todos ellos contaban con la aprobación de los diferentes comités de garantías y el visto bueno definitivo del consejo de administración.

Un consejo de administración que él mismo presidía pero del que se ausentaba cada vez que en el orden del día aparecía una operación a favor de alguna de sus empresas, según declaró ante la titular del Juzgado de lo Penal número 1 a preguntas del Ministerio Público. Su testifical rondó las tres horas, una duración casi proporcional a la dilación en sentarse definitivamente en el banquillo. Y es que, tal y como se encargó de indicar en dos o tres ocasiones, ha tenido tiempo de «revisar» toda la documentación aportada sobre los cinco años en los que Caja de Burgos estuvo otorgando préstamos a sociedades en las que participaba.

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