Las titulares de los Juzgados de lo Social en Burgos ya habían perdido la cuenta de las veces que el Poder Judicial les había contestado que ‘no’ a las medidas de refuerzo que solicitaban incluso antes de la irrupción del coronavirus para desahogar unos órganos colapsados. Porque la creación de una nueva unidad en la provincia ya se había convertido en una auténtica quimera. La respuesta del Servicio de Inspección era siempre la misma: los niveles de pendencia eran bastante aceptables en comparación con otros territorios. Pero llegó la crisis y la situación fue cada vez más difícil. El futuro tampoco es esperanzador teniendo en cuenta que en cualquier momento llegará el fin de los ERTE. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a insistir y el Consejo General autorizó una medida extraordinaria que quedó definida en la última comisión permanente. La titular de Primera Instancia e Instrucción de Cervera de Pisuerga (Palencia) asumirá al menos un centenar de procedimientos urgentes mensuales en exclusiva durante medio año.

El trabajo de esta nueva jueza puede ser prorrogable, según dicta el acuerdo del Poder Judicial. La medida se engloba dentro de la segunda fase del Plan de Actuación para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. La magistrada de refuerzo no estará sola en este nuevo cometido, pues contará además con una letrada de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios, uno de la UPAD y tres del SCOP. Todos ellos conformarán un equipo de asignación dinámica. 

El plan de actuación contempla que una vez se constituya el equipo y comiencen las actuaciones necesarias para la celebración de vistas, se encargue como mínimo de un centenar de asuntos, principalmente despidos y causas urgentes de la jurisdicción social. No en vano, son precisamente todos los procedimientos derivados de la covid-19 los que más preocupan en los juzgados burgaleses. 

Será la Sala de Gobierno del TSJCyL quien traslade al Servicio de Inspección la información del desarrollo de la medida de refuerzo para que la supervise y decida si, una vez cumplido el plazo, es necesario ampliarla y por cuánto tiempo en concreto.

Los tres juzgados de lo Social están tardando en resolver los asuntos prácticamente el doble que antes de la irrupción del virus. En cuestión de despidos, si antes de marzo de 2020 las magistradas señalaban aproximadamente en cuatro meses, en el último año se han llegado a alcanzar los seis. Esta dilación se debe a que el personal  del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento es insuficiente y quedan muchos asuntos pendientes por resolver. A finales del pasado ejercicio, propusieron un plan de choque para celebrar unos 15 juicios diarios, uno cada quince minutos, y extender las vistas de lunes a viernes con el objetivo de alcanzar los 90 al mes. Pronto se vio que era una medida irrisoria. 

De ahí que en un informe redactado por las juezas en noviembre se volviera a insistir en la necesidad de incorporar a un magistrado de refuerzo, cuestión en la que, tras muchas instancias, el Poder Judicial ha terminado cediendo.