«El secretario redactó los contratos. ¿Tengo yo pinta de saber redactar?», expresó Miguel Ibáñez, exalcalde de la pedanía de Rublacedo de Arriba en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Burgos. La Fiscalía le acusa a él y a su hermano, exedil de la junta vecinal, de un delito de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas para personas que ocupan el cargo de funcionarios públicos por firmar dos contratos de arrendamiento de fincas rústicas de titularidad municipal, figurando como arrendatarios, ambos en su condición de agricultores y vecinos del pueblo.

Los hechos se remontan al 22 de septiembre de 2016, fecha en la que se celebró una sesión plenaria en la entidad local menor, presidida por el regidor, a la que acudieron los vocales, Juan Carlos Ibáñez y Marta Ruiz. En la reunión se trató la renovación de los aprovechamientos de los recintos y masa común de la pedanía para realizarla de la forma tradicional por los agricultores al precio resultante anterior, como se había hecho hasta entonces.

Tanto el exalcalde como el exconcejal votaron a favor logrando así que se aprobase la renovación, a quienes, según la Fiscalía, «supuestamente favorecía personalmente el acuerdo al ser agricultores». La tercera vocal votó en contra porque «bajo mi conocimiento debían de sacar a subasta pública las tierras», declaró Ruiz.

Al día siguiente, y con una ausencia de procedimiento que justificase su asignación, se llevaron  a cabo las firmas como trabajadores de las tierras y no como personas que ocupaban un cargo público. «Los cuatro agricultores que arrendamos los terrenos anteriormente hablamos de continuar con los contratos. Siempre lo hemos hecho así, nunca habían salido a concurso y no sabía que debía abstenerme. El secretario, Luis Miguel Barrio, no nos avisó de los riesgos que corríamos ni me advirtió de las irregularidades que estábamos cometiendo», afirma el exalcalde.

Ante la pregunta del Ministerio Fiscal sobre si no le sorprendía «perpetuar esos contratos para siempre», Juan Carlos Ibáñez aseguró que «en el tablón de anuncios de la pedanía se colgó el orden del día del pleno, en el que aparecían los temas a tratar, pero no publicitamos en el pueblo el asunto de las fincas para que los vecinos accediesen al arrendamiento».

El exsecretario de la junta vecinal reiteró en su testimonio que «no redactó ni formalizó» dichos convenios y reconoció que «advirtió al alcalde de que había que pedir un asesoramiento» a la Diputación. «Busqué los anteriores contratos en la documentación del Ayuntamiento y si la convocatoria se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia pero no lo encontré», añadió.

Tras la moción de censura presentada por Felipe Cerezo, el exalcalde entregó el 16 de octubre los contratos y el resto de documentación que conservaba.