Las grandes empresas de la provincia de Burgos tendrán que invertir cerca de 40 millones de euros si quieren cumplir las indicaciones que les marcan sus propias auditorías energéticas. Esa es la principal conclusión, en números gruesos, que se obtiene de los datos facilitados a la administración por las propias compañías que están obligadas a autocontrolarse cada cuatro años.

Una normativa del año 2016, que a su vez supuso la aplicación de la directiva europea de Eficiencia Energética, convirtió en una obligación la presentación cada cuatro años de auditorías energéticas para todas aquellas empresas que cumplan alguna de las condiciones de la normativa: o bien superan 250 trabajadores o presentan una facturación superior a los 50 millones de euros anuales.

La Junta de Castilla y León comenzó en aquel momento la recopilación de datos, que tras una primera tanda entre 2016 y 2020 ha debido repetirse en los últimos años. Explican desde el departamento de Subvenciones y Registros del Ente Regional de la Energía que, solo entre 2020 y 2022 han sido 712 las instalaciones auditadas, pertenecientes a su vez a 157 compañías con presencia en la provincia de Burgos que ya han cumplido por segunda vez con la presentación de estos informes.

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