Ni el clamor popular que se vio el pasado domingo en la madrileña plaza de Colón en contra de los indultos, ni la fractura interna del PSOEcon importantes voces del socialismo denunciando la concesión de la gracia penitenciaria, ni los informes contrarios del Tribunal Supremo (que fue el que dictó la sentencia) y de la Fiscalía, el Gobierno tiene ya decidido conceder el perdón parcial de sus condenas a los líderes del procés. Tan solo falta poner la fecha y obligar al Rey a rubricar el fallo del Ejecutivo, tal y como manda la Constitución. Evidentemente, y según los principios de la Monarquía parlamentaria que rige en España, Felipe VI no podrá negarse a firmar el documento.
Los indultos son, y Sánchez lo sabe, el gesto que desde hace meses llevan pidiendo los independentistas para retomar el diálogo con Moncloa y para rebajar la tensión de lo que ellos califican como «conflicto catalán», un término, por cierto, que ya han hecho suyo los miembros del Ejecutivo central, con el presidente a la cabeza. Son, además, el pasaporte del líder socialista para continuar en el poder y cumplir con su objetivo: agotar la legislatura. Con los cabecillas del procés en prisión, el apoyo de los separatistas en el Congreso pendía constantemente de un hilo y cada ley necesitaba casi la cuadratura del círculo para recibir la bendición de un Congreso dividido tras el final del bipartidismo. De esta manera, a Sánchez aún le quedarán casi dos años en Moncloa en los que pretende diluir el efecto de los indultos en el electorado gracias, precisamente, al diálogo en Cataluña y a la recuperación de la crisis sanitaria y económica, sobre todo, a través de los fondos europeos a los que Bruselas acaba de dar luz verde. El cálculo del presidente, o de su asesor de cabecera, Iván Redondo, es claro: llegar a 2023 con un país sin tensiones autonómicas y en pleno ascenso de cifras económicas, como la creación de empleo, para arrasar en las urnas.
La sedición
Los indultos serán, por tanto, el primer paso para la «normalización» del diálogo entre el Ejecutivo central y el nuevo Govern liderado por Pere Aragonès. Pero no el único. En segundo plano y de momento sin el foco mediático que se sitúa solo sobre la gracia penitenciaria aparece la reforma del delito de sedición. Un cambio legislativo que también beneficiaría a los presos del procés y principalmente a aquellos que decidieron salir de España para evitar a la Justicia, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Antes de que los indultos irrumpieran en la escena política, la hoja de ruta del Gobierno parecía decantarse, de hecho, por la modificación de penas del delito de sedición, como ya había avanzado el Ministerio de Justicia. De esta manera, el Supremo se hubiera visto obligado a rebajar las condenas a los separatistas. Sin embargo, el cambio en el orden de las decisiones (primer la gracia penitenciaria y luego el cambio legislativo) deja a los magistrados sin margen de maniobra. Con este movimiento, además, el Gobierno se cubre las espaldas ante una posible decisión desfavorable del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde algunos presos separatistas ya han presentado sus recursos al considerar desproporcionados los castigos impuestos.
¿Nuevo estatut?
El objetivo a corto plazo del Ejecutivo es volver a sentar a la Generalitat en la mesa de diálogo, algo que parece seguro, pues el propio Pere Aragonès se comprometió a ello con Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron hace unos días. Sin embargo, poco se sabe del camino que marcará Moncloa en ese espacio de discusión, aunque el ministro de Política Territorial y Función Pública y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya adelantó la oferta clave que presentarán al Govern: un nuevo Estatuto de autonomía, que se vote y que contenga un autogobierno más sólido y una financiación más justa.
Sin embargo, la meta de los separatistas está muy alejada de ese ofrecimiento. Los separatistas ya han avanzado que pondrán sobre la mesa el referéndum independentista y la amnistía de los presos. Y es que, una vez que la vía unilateral parece descartada, al menos por ERC, el espejo de Escocia es al que se aferran, convencidos de que es ahora o nunca cuando Moncloa podría ceder.