El 22 de diciembre de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia, María Olga Hernando asumía el cargo de directora provincial de la Tesorería General (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Burgos, dos organismos claves para la economía provincial cuyo funcionamiento conocía a la perfección, pues desde 2012 era secretaria provincial de los mismos. Burgalesa y licenciada en Derecho por la UBU (1993), es funcionaria en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde 1997. Su trayectoria profesional le ha deparado diferentes destinos y responsabilidades en Barcelona, Álava y Madrid antes de llegar a su ciudad natal. La Seguridad Social suma hoy una plantilla de 235 empleados públicos, la más numerosa de la Administración central en Burgos, incluyendo los departamentos de Intervención Delegada, Servicios Jurídicos y la Unidad de Informática. 

Asumió el cargo en plena pandemia. ¿Qué dificultades ha tenido que afrontar?
Han sido varios los retos a los que nos hemos enfrentado, como el organizar todos los procedimientos de manera telemática para realizar las labores prioritarias de nuestra gestión, la puesta en marcha de diversas medidas extraordinarias a raíz de la crisis sanitaria, el lanzamiento del Ingreso Mínimo Vital, el desarrollo de nuevos canales de atención e 
información o la gestión de las exoneraciones para las empresas por los ERTE. 

¿Pueden darse por concluidas las consecuencias de la crisis covid?
Algunas de las medidas extraordinarias ya no se aplican y otras, como las bajas médicas por covid, actualmente son residuales. La crisis sanitaria ha sido un revulsivo para ir hacia una administración cercana al ciudadano, digital y automatizada y sustentada en las personas. 

¿Qué han aprendido de esta crisis? 
Nos ha enseñado muchas cosas buenas y también nos ha servido de motor para mejorar aspectos que estaban pendientes. Entre las cosas buenas que nos ha recordado yo destacaría la importancia del servicio público que nos toca gestionar, esto es, la protección social, y en qué medida se valora el impacto en el bienestar de los ciudadanos. La crisis sanitaria impactó fuertemente en el servicio a raíz del confinamiento, lo que en un primer momento pudo producir un cierto embotellamiento de la gestión, así como serias dificultades para ofrecer una atención al ciudadano adecuada. Pero la organización reaccionó con agilidad dotándose de los medios necesarios para facilitar la modalidad de trabajo no presencial y potenciando, multiplicando y simplificando los servicios en el canal electrónico, de forma que el ciudadano tuviera a su disposición un canal de comunicación y acceso a nuestros servicios.

¿Algunas mejoras llegaron para quedarse? 
Hemos pasado de tener antes de la crisis un catálogo de servicios electrónicos muy completo, pero con acceso limitado por el uso de certificado electrónico, a ofrecer un catálogo de servicios mucho más amplio y, sobre todo, accesible para todos los ciudadanos con un sistema de identificación segura mediante un selfi así como mediante código pin enviado al móvil, y creando la TGSS un portal, import@ss, para ciudadanos, autónomos, empleados de hogar para realizar los trámites que necesitan de manera muy sencilla. Las mejoras en la gestión han sido muy numerosas a lo largo de estos dos años y en su mayor parte se han centrado en la automatización de procesos lo que aporta mayor seguridad, reduce los riesgos de error y, lo que es más importante, libera de cargas a los escasos recursos de que disponemos por el envejecimiento de las plantillas. Ello permite que esos recursos puedan dedicar su tiempo y trabajo a áreas estratégicas con mayor valor añadido. Hemos realizado muchas mejoras en nuestros procedimientos y somos conscientes de que aún hay mucho por mejorar.

¿Se sostiene el número de empresas cotizantes o la pandemia y la crisis de abastecimiento y energética de los últimos meses afecta a su supervivencia?
Con los actuales mecanismos de protección al empleo que contempla nuestra normativa, no se observa en la evolución de los últimos meses un descenso diferente al provocado por la pandemia, manteniéndose en los años 2021 y 2022 un comportamiento similar.

Actualmente las bajas médicas por covid son residuales»

¿Hay más morosidad?
Está por debajo de los niveles alcanzados en crisis anteriores gracias al esfuerzo de protección proporcionado para paliar los efectos de la pandemia Covid-19 sobre el tejido productivo, con medidas como los ERTE o las moratorias en el ingreso de cuotas y los aplazamientos en el abono de las deudas a la Seguridad Social para empresas y autónomos.

¿Cuánto pagamos por las pensiones en Burgos y cómo va a evolucionar esa factura en el futuro?
En agosto se elevó a 106,7 millones de euros para 91.338 pensiones, lo que sitúa nuestra provincia en una posición favorable en tanto que la pensión media en todos y cada uno de los distintos tipos de pensión es superior a la media nacional y a la media de la comunidad autónoma. Las 91.338 pensiones se corresponden con 82.752 pensionistas, de manera que cerca de un 10% de los pensionistas percibe dos o más pensiones. El número de pensionistas pone de manifiesto la elevada tasa de envejecimiento que sufre la provincia. Así, a nivel nacional, los 9 millones de pensionistas representan casi un 19% de la población. Ese porcentaje en Castilla y León y en Burgos se eleva a más de un 23%. 

Despoblación, envejecimiento, caída de la natalidad... ¿Qué solución ve a estos graves problemas?
La reciente reforma laboral ha introducido medidas de estabilidad de empleo y también están las medidas en materia de Seguridad Social aprobadas en los últimos años para la conciliación de la vida laboral y familiar, como la ampliación de los permisos de descanso por nacimiento y cuidado de menor. Son medidas por las que se ha apostado para favorecer el aumento de la natalidad. A nivel interno también no estamos adaptando. Una de las medidas organizativas de la Seguridad Social para mantener la representación territorial en todas las provincias, por la importante pérdida de efectivos que está sufriendo nuestra organización y que no es igual en todo el ámbito nacional, ha sido la deslocalización de algunas tareas y el reparto equitativo del trabajo, para luchar contra los efectos de la España vaciada y equilibrar cargas, de manera que, al moverse los expedientes, se pueda llevar allí donde por efectos de la despoblación éste se podría ir reduciendo.

¿Tienen problemas de personal?
Esta pérdida de efectivos tan progresiva ha llevado a que por primera vez desde hace muchos años se apruebe en 2022, además de la oferta de empleo público ordinaria, que también es mucho más amplia que en años anteriores, una oferta extraordinaria de Seguridad Social para la incorporación de efectivos en nuestra administración, como medida de apoyo y refuerzo a la situación de nuestras plantillas. 

¿No hay demanda de plazas para la Seguridad Social? 
Creo que debemos hacer una labor de información entre los jóvenes y estudiantes, para que nos conozcan, porque hemos comprobado que dentro del ámbito universitario no conocen lo que hacemos, cómo funcionamos, a lo que nos dedicamos, ni el abanico de oposiciones específicas que hay en la Seguridad Social, y las posibilidades de acceder a la función pública y poder trabajar en un futuro en su ciudad. La mayoría de los burgaleses que optamos por el acceso a la función pública tuvimos que ir fuera de nuestra ciudad en nuestros primeros destinos, y hemos podido, en un  porcentaje muy alto, regresar, estabilizando nuestra vida en Burgos y quien ha deseado ha formado sus familias en nuestra ciudad. Animo a que los jóvenes tengan entre sus opciones el acceso a la función pública y que las distintas administraciones les demos esa oportunidad. 

El 10% de los pensionistas percibe dos o más pensiones»

¿Cómo afectará la reforma del RETA a los autónomos burgaleses?
El pasado 26 de julio se aprobó el Real Decreto Ley que establece el nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos netos. Esta reforma, que entra en vigor el 1 de enero de 2023, se ha acordado en el diálogo social y parte de las Recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y ha sido refrendada por la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Establece que en los próximos tres años se despliega progresivamente un sistema de 15 tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales, que se producirá como muy tarde en 9 años. Se habilita un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta 6 veces al año. Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las  previsiones durante el año. En 2023, las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes, y en 2025, de los 200 euros al mes a los 590 euros, siempre en función de los rendimientos netos.

¿Y para los que menos ingresan, que son la mayoría?
Experimentarán una reducción de su cuota de más del 30% respecto del actual. Los que tengan rendimientos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarán cuotas  de entre 200 y 260 euros al mes en 2025. Ese año, los tramos de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y quienes ganen más de 6.000 euros al mes, 590 euros. Además, la reforma incluye una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. A fecha de 31 de agosto de 2022, la provincia de Burgos cuenta con 22.996 autónomos que se verán beneficiados por las medidas expuestas.

¿Va a haber más subastas del suelo que ocupaba el hospital General Yagüe y del edificio del centro de especialidades? 
Las recientes subastas para la enajenación de la parcela de complejo del  Yagüe y del solar de León XIII convocadas el 24 de mayo y el 7 de junio respectivamente quedaron desiertas. Nuestra ley de Patrimonio nos permite celebrar hasta tres subastas más por el mismo bien, al mismo tipo de licitación de la primera, antes de que transcurran dos años desde la celebración de ésta. En cuanto al centro de especialidades, tras la celebración de dos subastas declaradas desiertas y habiendo transcurrido dos años, se han iniciado en este año las gestiones para realizar una nueva tasación, que se encuentra en fase de tramitación.

¿En qué estado está el proyecto de las dependencias de la Tesorería en la calle La Puebla?
Se está realizando.

¿Sacarán a la venta más patrimonio de la Seguridad Social? 
Tenemos un local que estaba adscrito a la Mutua Ibermutuamur, entidad colaboradora de la Seguridad Social, situado en la avenida de Cantabria número 39, con una superficie registral construida de 365,10 m2.
Este local, al dejar de usarse por la citada mutua, pasó al patrimonio de la Seguridad Social en 2021 y procedimos a convocar una subasta en noviembre de dicho año. Esta subasta quedó desierta, por lo que seguiremos realizando las actuaciones que nos permite la normativa para su enajenación.