La Sala de lo Social número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Junta de Castilla y León a abonar a una médica anestesióloga del Hospital Universitario de Burgos las guardias impagadas durante ocho meses en los que la sanitaria no pudo realizarlas por el riesgo que suponía para el feto. El fallo, que corrobora uno anterior del Juzgado de lo Social número 2 de la capital, señala que el contrato no contempla la atención continuada como horas extra y entiende que se vulneró el derecho a no ser discriminada. La administración regional deberá pagar más de 1.500 euros mensuales, más otros 6.251 en concepto de indemnización por daños morales.

Los hechos probados que recoge la primera sentencia relatan que la médica comenzó su formación en el HUBU en 2017 como residente de la Unidad de Anestesiología y Reanimación, donde ha desarrollado su carrera profesional desde entonces. No obstante, durante algunos meses desempeñó también servicios en un hospital de Madrid en régimen de rotación externa. Entre sus funciones estaba la de realizar guardias en el complejo asistencial burgalés, si bien en julio de 2020 recibió un informe del Servicio Madrileño de Salud que certificaba la imposibilidad de realizar la atención continuada dado el riesgo que suponía a partir de las 20 semanas de la gestación.

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