El Consejo de Barrio de San Pedro y San Felices vive una situación de agotamiento. Tanto la secretaria, Alejandra Gil, como la tesorera, María Jesús Oca, llevan más de diez años denunciando los mismos problemas al Ayuntamiento, pero no ven que se haga nada: parece que su única función es la de organizar las fiestas. María Jesús, Chus, afirma que están «frustrados porque no se llevan a cabo las propuestas que hemos intentado sacar adelante. Y no estamos solo para gestionar las fiestas». 

Lo que denuncia el Consejo es que, si bien es cierto que en la zona del hangar está todo nuevo, la situación de la carretera de Arcos sigue igual que hace una década. Porque, de nuevo, nadie se hace responsable de lo que sucede más allá de la rotonda donde acaba la calle San Pedro y San Felices: el Ayuntamiento afirma que es de la Diputación y esta, que es municipal. Y, al final, quienes salen perjudicados son los vecinos que residen en la parte de más arriba de Arcos. Chus afirma que allá viven menores que, para ir a clases, se ven obligados a andar por el borde de una carretera que ya no es que no tenga acera, sino que no cuenta siquiera con un espacio para los viandantes. «Es como dicen ellos: ‘nosotros pagamos contribución también’». Se le añade, además, la problemática de que no haya ningún punto de luz. Por suerte, comenta Chus, no ha habido ningún accidente pero, en invierno, que se hace de noche en seguida, con los niños teniendo que pasar tan pegados a la carretera y los coches que no reducen la velocidad, no es un camino seguro.

Justo a la altura donde empieza la acera se encuentran ahora los escombros de dos de las edificaciones que formaron el Ventorro Madre Juana. El Ayuntamiento estuvo exigiendo que se tiraran por el malestar que causaba a los vecinos y, por fin, los dueños han obedecido. «Era un peligro, esto se caía en cualquier momento». Su mal estado iba a provocar que se derrumbara y, al estar tan cerca de la carretera, al Consejo le preocupaba que no se hiciera nada. Aun así, aún hay partes de la edificación que siguen en pie. «Estamos en lo mismo, porque, a la larga, también tendrán que tirarlas», se queja Chus.

Más adelante, en la misma calle, hay una urbanización en la que se encuentra un terreno vacío, propiedad del Ayuntamiento. Los vecinos con vivienda en las parcelas contiguas reclaman que las malas hierbas llegaban hasta sus casas, además de que, como no estaba vallado, empezó a ser un estercolero. «Solo pedíamos que lo cercaran, porque no era conveniente que estuviera como estaba ni por seguridad ni por higiene». Ahora lo han vallado y han arreglado el problema con la maleza pero, dice Chus, nadie sabe qué van a hacer allí.

Sin embargo, el problema que más protagonismo toma en la carretera de Arcos es el del estado de la antigua fábrica Mifer. Se cerró hace más de veinte años, aunque Chus revela que siguieron trabajando «hasta no hace tanto». Se abandonó, afirma, porque los dueños, al estar la empresa dividida entre muchos herederos, no se ponían de acuerdo. Ahora, una compañía ha hecho una oferta al Ayuntamiento para construir viviendas y, si no se formaliza antes de septiembre, sancionarán a los dueños de la industria por inacción ante el estado de deterioro del inmueble: el Consistorio lleva ocho años haciendo requerimientos a los propietarios para mantener el estado de la fábrica pero estos no responden. El coste de la demolición del edificio, según se calculó, podría ascender hasta el medio millón de euros, debido a que hay que tratar el amianto y descontaminarlo. «El problema que tiene es que hay una cantidad de uralita muy grande, y es lo que es costosísimo», explica la tesorera. 

Mientras tanto, los jóvenes aprovechan el edificio, con un techo que está por caerse, para hacer botellones, sin ser conscientes del peligro que eso supone. El interior, que sigue contando con los enseres que pertenecían a la fábrica cuando esta aún funcionaba, ha sido fuente de problemas en cuanto a que es propenso a incendiarse y, además, porque atrae a ladrones: «Hay gente que viene con furgonetas, entran por la zona de la calle Laguna Negra y... realmente, no sabemos qué es lo que se llevan». 

Al acabar, Chus explica esta frustración les ha llevado tanto a ella como a su compañera a dimitir. «Lo piensas y dices, ‘en realidad, ¿para qué estamos?’ Llevamos denunciando diez años y no nos hacen caso». Lo único que las mantiene todavía en sus funciones es que no quieren dejar las cosas a medias y prefieren solucionar antes el último de los problemas: el del pago de las fiestas.  Las subvenciones del Ayuntamiento no llegan (hace poco les pagaron la correspondiente del año 2019), y han tenido que poner el dinero de su bolsillo. «No estoy para ganar, porque no voy a cobrar, pero tampoco estoy para perder», declara. En cuanto les paguen la deuda pendiente del año 2020, el Consejo se quedará vacío. «‘Que no se olviden de los barrios’: esa sería la frase».