Cualquier propietario de una vivienda que tiene intención de llevar a los tribunales a un inquilino que no paga y así poder echarle tiene que tener muy clara una premisa básica: paciencia. El proceso es muy tedioso, lleno de trabas y de complicaciones. Pero, sobre todo, es largo. Y ahora más que nunca, porque tras la moratoria concedida por el Gobierno por la crisis de la covid-19, que paraliza los lanzamientos siempre que detrás haya familias vulnerables, ha eternizado aún más el procedimiento. Y eso se ve reflejado en la estadística judicial. Desde 2020, los juzgados de primera instancia de Burgos resuelven un 30% menos de asuntos de este tipo y tardan más en hacerlo. 

Los vaticinios de expertos en el mercado inmobiliario cuando entró en vigor el Real Decreto que paralizaba los lanzamientos a familias que se demostrasen vulnerables no tardaron en cumplirse. Las reglas del juego cambiaron el 1 de enero de 2021 y ya por aquel entonces en la Cámara de Propietarios de Burgos auguraban un descenso considerable de los desahucios y una incertidumbre que afectaría a la oferta de pisos de alquiler. Se cumplieron los dos. 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2021 los juzgados de la provincia ejecutaron un total de 349 lanzamientos, la gran mayoría por impago de arrendamiento. La media de años anteriores era de 500 o más.  «Estamos en un contexto de crisis económica y un incremento de los precios, especialmente de las fuentes energéticas. Esto significa que las familias tienen menos dinero, lo que hace más habitual el impago del alquileres. Lo normal sería que aumentasen los desahucios, pero no ha sido así», comenta José Muñoz Plaza, gerente de la Cámara de la Propiedad de Burgos. 

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