Para entender la situación urbanística del colegio público Francisco de Vitoria, ubicado en el polígono docente del Vena, resulta necesario retrotraerse en el tiempo, aunque ahora vuelve a estar encima de la mesa tras no haber superado el inmueble la obligatoria inspección técnica de edificios o construcciones (ITEo ITC). Es por ello que la Universidad de Burgos, propietaria de las instalaciones, exige al Ayuntamiento que asuma los gastos para corregir los defectos detectados debido a que la institución académica no hace uso de las mismas.
Fue en el año 2013 cuando el Pleno municipal aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que se indultó a dicho centro del derribo, paralizándose así el proyecto de construir uno nuevo, dentro del fallido macroproyecto de la UBU de construir viviendas en dicho polígono. Con anterioridad y desde que fuera inaugurado en 1968, convivieron los usos docentes convivieron con los universitarios, primero como Escuela de Magisterio y después como sede del grado de Ingeniería Informática, aunque estos desaparecieron desde 2000 pero sin que esta situación afectará a su propiedad.
Como tal, la UBU ha encargado la ITC correspondiente, arrojando un resultado negativo debido, en gran medida, a que «no pudimos aportar muchos de los datos requeridos porque no los tenemos», tal y como subraya la vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, Amparo Bernal, quien recientemente mantuvo una reunión con responsables municipales para abordar esta cuestión y pedirles que «paralicen el expediente» hasta llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.
Bernal explica que desde la institución académica se ha planteado la «regularización» de la situación del inmueble mediante la firma de un convenio de cesión de uso con el Consistorio. En este sentido, añade que se ha propuesto utilizar la fórmula que existe para el antiguo Hospital Militar, parte del cual fue cedido por la Junta a la Universidad, ocupándose esta de todo lo referido al mantenimiento.
«Queremos hacer lo mismo con ese edificio», remarca en referencia a dotación educativa de la avenida Cantabria porque «nosotros no utilizamos esas instalaciones ni sabemos cómo se está gestionando».
La responsable subraya la necesidad de regularizar la situación, motivo por el que inicialmente ha solicitado para la paralización del expediente para que este no avance y se llegue al extremo de que «puedan cerrar el edificio» en caso de que no se acometan las reformas de la ITE.
Por su parte, fuentes municipales explican que se ha solicitado una reunión con la Delegación Territorial de la Junta para abordar este asunto, dado que la competencia educativa es de la Comunidad. Esta es la que se ocupa de acometer obras de mayor calado en los centros, mientras que los ayuntamientos se encargan de su mantenimiento, si bien en ciertas ocasiones la línea entre ambas obligaciones resulta muy difusa.
La Dirección del colegio no es ajena a esta situación. Considera que existe una «falta de mantenimiento» por parte de la UBU «que viene de lejos» como propietaria del edificio, «sin que haya realizado un correcto seguimiento del mismo», haciendo hincapié en el estado que presentan algunas fachadas, mientras que destaca las inversiones que ha llevado a cabo la Consejería y el Ayuntamiento.