El exalcalde del valle de Valdivielso Jesús Arce se enfrenta a penas que de hasta 5 años y medio de prisión y otros 12 de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar empadronamientos en casas «inhabitadas e incluso inhabitables» de Panizares, una de las 14 entidades locales de la Merindad, «con la finalidad de perjudicar a posibles candidaturas opuestas que se pudieran presentar en las elecciones» de 2019. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarcayo ve indicios suficientes para sentar en el banquillo al político socialista y ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía le considera autor de un delito electoral por incumplir las normas sobre formación del censo electoral en concurso con otro de prevaricación administrativa y solicita para él una condena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo.
Las acusaciones particulares van más allá y reclaman también penas de privación de libertad, al considerar que Arce pudo cometer tres delitos. Por un lado, Manuel Martín interesa que se le imponga al acusado 18 meses de cárcel y multa de 12 mensualidades a razón de 20 euros/día (7.200 euros) por el delito electoral, otros 4 años de prisión por el de falsedad en documento público y 12 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la prevaricación.
Además, reclama una indemnización de 30.000 euros para la candidatura de XP-Panizares «por el daño moral causado por el evidente robo de las elecciones a consecuencia del amaño del censo electoral» y otros 50.000 euros para él, vocal de esta agrupación, «por el desgaste moral, emocional y económico sufrido».
También está personada en la causa el que fue candidato a alcalde de Panizares en aquellas elecciones, Gregorio Gómez, que sostiene la acusación en los mismos términos, solo que por el delito de falsedad rebaja su petición a 3 años de prisión y una multa de 7.200 euros, y una inhabilitación de 4 años. Asimismo, reclama 15.000 euros para la candidatura «por el daño moral de no haber podido concurrir a las elecciones con igualdad de armas», concluye.
En mayo de 2019 votaron 12 de los 14 electores censados en esta pedanía, 7 al candidato del PSOE; José Ramón Rodríguez, y 5 a Gómez, de XP-Panizares.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de Molina, que según detalla el fiscal remitió dos escritos al Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso, el 21 de septiembre de 2018 y el 22 de febrero de 2019, «donde se ponían de manifiesto los problemas detectados en relación al censo o empadronamiento en Panizares... sin que por parte de tal ayuntamiento se hiciese gestión ni actuación de ningún tipo para tratar de reparar la situación, debiendo por ello acudir ante el Instituto Nacional de Estadística, organismo el cual dio de baja del padrón municipal de Panizares a tres personas concretas. Ante tal situación de presuntos empadronamientos irregulares queda en tela de juicio la legitimidad de los cargos elegidos para la nueva Junta Vecinal, ya que de haberse llevado a cabo una comprobación o constatación de tales reales empadronados es posible que los resultados electorales pudieran haber sido distintos», señala el Ministerio Público en uno de los escritos que figuran en el expediente.
El fiscal comparte la complejidad que para un ayuntamiento pequeño entraña controlar el censo pero, cuando después de ser advertido por un particular y por el INE «no pone solución... sí que se observa una actuación claramente dolosa», más aún si la labor no entraña mucha complejidad al tratarse de una pequeña población como es Panizares.
De hecho, una comisión judicial se personó en el pueblo y certificó que un empadronado vivía supuestamente en una casa «completamente derrumbada y sin tejado», otros tres en otro edificio en claro «estado de abandono, con maleza incluso en la puerta de entrada», además de localizar a inscritas en el censo lo estaban en una vivienda destinada a casa rural, trabajando en Madrid o residiendo en Trespaderne, detalla el juzgado.