La sociedad más concienciada de la historia con el medio ambiente, con la degradación del planeta y con la amenaza del cambio climático es incapaz de atajar la oleada de vertidos incontrolados que padece. Decenas y decenas de rincones de la geografía urbana y provincial de Burgos están degradados por las conductas de los incívicos del 'tira y sal corriendo', una práctica muy difícil de atajar, pero sancionable y cada vez más impopular entre una gran mayoría que respeta. 

Como un imán perverso, una bolsa de escombros abandonada atrae más sacos de basura y montones de desechos de obra. Luego se suman muebles, electrodomésticos, colchones, cristales, máquinas, restos de talleres, aceites, pinturas, neumáticos, sanitarios, garrafas, cartones, plásticos...

Los puntos limpios ilegales se reproducen como la mala hierba en zonas de fácil acceso desde las ciudades y los pueblos, como los caminos de concentración parcelaria, los viales de los parques eólicos y los polígonos industriales o las cunetas y zonas de aparcamiento junto a las carreteras. Sus usuarios furtivos solo quieren llegar, tirar y huir, aunque haya señalización que expresamente lo prohíba y aún a riesgo de una cuantiosa multa (unida siempre a la obligación de restaurar el entorno dañado). 

Cada día se desechan en Burgos toneladas de residuos de esta manera incívicos, algunos peligrosos como los gases que contienen las neveras o las cubiertas de fibrocemento. Residuos que se amontonan, se recogen (duplicando el trabajo de los servicios municipales afectados) y se vuelven a reproducir. El 'efecto llamada' es una condición indisoluble de los vertederos ilegales, lo que dificulta mucho su total erradicación. 

La Guardia Civil conoce bien esta dinámica, que vigila, controla y persigue. Los vertidos ilegales, también los de purines desde las granjas, los industriales o los residuales, forman parte del día a día del trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. 

En mayor o menor medida, las seis patrullas territoriales en las que se estructura el Seprona en Burgos (Huerta de Rey, Santa María del Campo, Odra-Pisuerga, Villarcayo, Miranda y Briviesca) se enfrentan a este fenómeno característico de la sociedad de consumo.

El Seprona, explica su jefe en Burgos, el teniente Alberto Colinas, realiza una campaña anual para la detección y localización de los vertederos ilegales en la provincia, muy vinculada a la campaña de incendios (pues muchos son foco de los mismos). Las patrullas territoriales también están atentas a este fenómeno y, por último, están los avisos ciudadanos, cuyo número crece en la medida en que aumenta la concienciación sobre esta problemática. El teléfono 062 y el uso de la aplicación móvil AlertCops son claves para luchar contra esta lacra. 

«Los grandes vertidos de empresa se producen, pero son minoritarios en Burgos. Los vertidos de desechos domésticos y de obra no es que se hayan incrementado, sino que se detectan más porque existe una mayor concienciación ciudadana en torno a esta problemática», explica el teniente Colinas.

¿Como se actúa? Ante un aviso ciudadano -en la mayoría de los casos- de un vertido ilegal, el Seprona verifica la llamada e inspecciona la zona afectada. Se investiga el origen de los desechos -incluso buscando tickets de compra entre los mismos, como ha ocurrido alguna vez-; las obras próximas realizadas en los últimos tiempos; se pregunta a los vecinos del entorno; se localiza al propietario de la finca afectada... «En muchos casos, son parcelas municipales y el ayuntamiento afectado es el competente en la retirada de los desechos», explica el teniente Colinas.

Para evitar el 'efecto llamada', la zona de vertido queda en vigilancia por parte de la Guardia Civil, entre cuyas tareas está el visitar y controlar las obras que se realizan y advertir del adecuado tratamiento de los desechos generados.

«Para demostrar que en estos casos se comete un delito, lo fundamental es confirmar que se causa o se puede causar un daño medioambiental o a la salud de las personas», explica el teniente Colinas. En los casos más graves, la labor de campo de las patrullas se complementa con el apoyo de Madrid: la Unidad de Central deMedio Ambiente y la Unidad Técnica, integrada por biólogos, ingenieros, químicos, entre otros profesionales, que se encargan de los informes periciales. Asimismo, para investigaciones en profundidad también se acude a laboratorios privados.

Además de poder ser calificado como delito, el verter y arrojar desechos implica una infracción, tramitada por la Junta de Castilla y León, que puede ir desde los 101.000 euros a los 3,5 millones de euros en los casos muy graves, de 2.001 a 100.000 euros en los graves y hasta 2.000 euros en los leves.

En el caso de residuos peligrosos (como el amianto) o suelos contaminados, una infracción leve puede llegar hasta los 20.000 euros. 

El pasado año, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos inició la tramitación de 21expedientes y resolvió 33 procedimientos. Los motivos más recurrentes en cuanto a sanciones fueron el abandono, vertido, almacenaje o eliminación incontrolada de residuos, además de la mala gestión de los mismos, o el incumplimiento de las obligaciones documentales o de licencia, autorización o comunicación ambiental.

El importe recaudado en sanciones fue de 20.000 euros. Desde el Servicio se llevaron a cabo 20 informes, 23 requerimientos ambientales de retirada de residuos, una respuesta al Procurador del Común y un número elevado de contestaciones a consultas.

Infractor. En el caso de los vertidos domésticos, el perfil del infractor es el de un particular que realiza obras menores en su casa o un tercero que realiza obras en 'negro'. No hay licencias ni pagos de tasas que acrediten y permitan el acceso y el uso de un punto limpio legal o a la correcta gestión de residuos a través de contenedores.

Las empresas detectadas por el Seprona son puntuales, entre otras cosas, porque es posible realizar la trazabilidad del origen y el destino de los desechos que genera su actividad. «Es fácil: tanto les entra y tanto tienen que procesar. Es lo mismo que ocurre con la exportación de residuos por contenedores a otros países (África). Hace muchos años que no se produce un tráfico ilegal de residuos entre comunidades con camiones, como ocurrió entre Burgos y País Vasco». 

Dicho esto, preocupa la eliminación, manipulación y tratamiento adecuado de los tejados de uralita, del peligroso fibrocemento, que cubren buena parte de las viviendas, garajes y explotaciones agrícolas e industriales de la provincia. La Ley, de hecho, obliga a que antes de abril, los ayuntamientos elaboren un censo de las instalaciones y emplazamientos municipales que tengan amianto, incluyendo -dice el texto legal- un calendario que planifique su retirada. Miranda, entre otros municipios, ya está en esta labor, incluso con la ayuda de imágenes por satélite.

La Guardia Civil lo tiene claro: retirar un gran tejado de uralita lleva su tiempo y deja evidencias; lo difícil es detectar la retirada y el vertido ilegal de las pequeñas planchas. Algunas se ocultan bajo tierra, otras se trituran y se entierran..., en ambos casos, se pone en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente. 

El vertido de purines, los residuos de las granjas de cerdos, también está «muy controlado», señalan desde el Seprona. «El olor delata enseguida y activa los avisos de la ciudadanía. Las granjas de cerdos requieren de una autorización medioambiental integral y el permiso de la Junta. Son requisitos muy exigentes. Las granjas son como una industrial al uso, no solo las controlamos por los purines sino también por la sanidad animal. Hemos comprobado que la mayoría son seguras y, en algunos casos, punteras desde el punto de vista medioambiental».