La huida hacia adelante en forma de denuncias contra el alcalde que emprendió el exconcejal de Ciudadanos Julio Rodríguez-Vigil después de ser apartado del equipo de Gobierno a finales de 2021 ha llegado a su fin. La última de las querellas que quedaba por resolver ha sido también archivada de forma provisional. El juzgado de Instrucción número 1 era el encargado de dilucidar las responsabilidades penales de Daniel de la Rosa en un presunto trato de favor a los propietarios de la parcela de Mifer -en la carretera de Arcos-, a quienes se retrasó la imposición de sanciones a la espera de que fructificara la venta de esos terrenos a una empresa arandina, según la denuncia de Vigil. La titular del órgano considera que no existe indicio alguno de la comisión de un delito de prevaricación, de tal manera que ha sobreseído el procedimiento, una decisión que la defensa del exedil de Licencias ha recurrido ante la Audiencia Provincial.
En mayo de 2021 Rodríguez-Vigil advirtió de que multaría a General Burgalesa SA, sociedad dueña de la parcela, por no llevar a cabo una serie de actuaciones para mejorar la seguridad del edificio, ya derribado. Pero posteriormente esta empresa informó al Ayuntamiento de que se hallaba en tratos con Inversiones y Nuevas Tendencias de Burgos (Invesbur), para venderle la propiedad. De manera que el Ayuntamiento decidió detener el procedimiento sancionador para ver si se materializaba el cambio de propietario, lo cual finalmente no ocurrió. Se giró una multa y presentaron proyecto de derribo.
Antes de ésta, el pasado diciembre, el juzgado de Instrucción 4 archivaba el procedimiento abierto por presuntas ilegalidades en el proceso de adjudicación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria a la empresa Urbaser. En ese caso Vigil denunciaba tanto a De la Rosa como al vicealcalde, Vicente Marañón, a quienes acusaba de ser presuntos responsables de un delito de prevaricación administrativa y de otro de tráfico de influencias y trataba de dejar ver un interés de los números uno y dos del Ejecutivo municipal por adjudicar las obras a Urbaser ya que en ella trabaja, como jefe de servicio en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el hermano del vicealcalde. Sin embargo, el auto en el que se acordaba el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones, se dejaba constancia, de manera meridianamente clara, de que los hechos denunciados en su día por Rodríguez-Vigil «carecen de elementos relevantes para su incardinación típica en el ilícito penal».
La primera denuncia en ser archivada del ahora edil no adscrito fue la del colegio Niño Jesús, después de que una técnico municipal dejara sin efecto una sanción de 150.000 euros contra la constructora por la caída de una fachada protegida del antiguo colegio convertido ahora en edificio de viviendas. La magistrada tampoco vio indicio de delito. Después el Ayuntamiento retomaría ese expediente e impondría una multa de 300.000 euros.
Estas tres denuncias han sido archivadas en el ámbito penal, pero el Tribunal de Cuentas sobreseyó otra, por un presunto fraude contable al Ayuntamiento valorado en 30,25 euros por la compra de papeletas para las elecciones en la pedanía de Castañares.
Hay que recordar que la Audiencia Provincial ha confirmado recientemente la reapertura de la causa contra Rodríguez-Vigil por un presunto trato de favor a un hostelero de la ciudad.