A la Fiscalía de Burgos no le ha temblado el pulso y solicita seis años de prisión -igual que las acusaciones particulares- para cada uno de los seis acusados de la muerte por intoxicación por fosfina de un matrimonio en Villafruela en 2017. Se sentarán en el banquillo Francisco Javier L.S., director comercial de la empresa que fumigó el domicilio vecino al de las víctimas; José Manuel G.C., director técnico de la firma; Patricia G.B., delegada de la compañía en Valladolid; Abel. P.S., técnico responsable de la fumigación; Diego M.M., aplicador responsable, y Enrique T.F., ayudante. Las indemnizaciones que exigen los familiares -representados por los abogados Javier Sáenz de Santa María y Luis-M. Tello Sáiz-Pardo- rondan el millón de euros, fianza que exige el Juzgado de Instrucción de Lerma a los acusados y la aseguradora de la compañía.
La muerte de José Luis Maté (54 años) y de su esposa, María del Carmen Perdiguero (56) tuvo lugar el 16 de mayo de 2017 tras inhalar gas tóxico -fosfina- durante cuatro días. El dueño del número 2 de la calle de la Escuadra, de Villafruela, contrató con el director comercial de SGS -uno de los encausados- un tratamiento para la eliminación de carcoma en del domicilio. Tanto el director comercial como el director técnico -también será procesado- decidieron el tratamiento a utilizar, aunque no se ha podido determinar quién elaboró u ordenó el parte de trabajo y su ejecución, señala la Fiscalía.
El 12 de mayo, los dos responsables de la fumigación -también imputados- acudieron a la casa que iba a ser objeto del tratamiento, donde aplicaron un producto denominado Quickphost-T, en total 3,6 gramos por metro cúbico en una casa tres plantas, una cantidad que les fue prescrita por el director comercial y el director técnico. Los operarios, antes de iniciar el trabajo, preguntaron al dueño de la casa si existía algún otro hueco o ranura que debieran precintar para evitar la salida del producto, tras lo cual colocaron varias bandejas con el veneno, sellaron la puerta y colocaron un cartel. El Ministerio Público señala que era la primera vez que utilizaban el Quickphost-T en una vivienda y, pese a estar prohibido, ningún responsable de la empresa SGS acudió a la propiedad con anterioridad para realizar mediciones o estudiar el lugar. Nadie comprobó ni físicamente ni a través de los planos o información catastral qué había al otro lado de la pared de adobe del número 2 de la calle La Escuadra, por lo que no se percataron de que colindaba con la vivienda de las víctimas y otra más.
Asimismo, el Ministerio Público concluye que no se tuvieron en cuenta los materiales de construcción de la vivienda ni se efectuó ninguna prueba previa para comprobar que no se filtraran gases a las propiedades anejas. No obstante, la fosfina que genera el producto empleado se filtra por cualquier sitio, incluso suelos o paredes, por eso está prohibido el uso en edificaciones no aisladas. Y de hecho se filtró a través de las paredes y las bodegas subterráneas hasta la vivienda de las víctimas en la calle Travesía de la Escuadra 10.
El día 15 de mayo el matrimonio fue atendido por personal del centro de salud de Covarrubias por vómitos, dolor abdominal y cefalea. Al día siguiente fallecían, el hombre en casa y la mujer tras ser trasladada al Hospital Universitario. La autopsia estableció que la causa de la muerte fue envenenamiento accidental por exposición a plaguicidas. No había restos de fosfina en sus organismos, pero en las mediciones en la casa que hizo la Guardia Civil la concentración del gas triplicaba el índice que pone en riesgo la salud humana.