Hace ya tiempo que en el Ayuntamiento de Burgos son conscientes de que la Administración municipal no es precisamente un ejemplo en materia de eficiencia energética. Así lo constata el hecho, por ejemplo, de que se estima que cada año se derrochan alrededor de 450.000 euros por los consumos excesivos de numerosos inmuebles, que bien podrían ahorrarse de contar con instalaciones eficientes y modernas y, a ser posible, medioambientalmente sostenibles. Pero eso requiere de una serie de inversiones que, aunque tienen garantizado su retorno, no siempre figuran entre las prioridades de las sucesivas corporaciones.
Lo cierto es que el Gobierno de coalición del PSOE y Cs ha pensado en ello, aunque no se sepa a ciencia cierta si su voluntad por corregir los desfases en los consumos obedece a la posibilidad que se abre ahora con la llegada de fondos europeos. Lo que sí se ha hecho ya es solicitar al Gobierno, mediante una muestra de interés, 1,8 millones de euros para financiar la instalación de calderas de biomasa en 20 inmuebles municipales, para colocar en las cubiertas placas fotovoltaicas (en una superficie total de unos 100.000 metros cuadrados) y para incorporar sistemas de aerotermia.
En la información elaborada desde el área de Ingeniería Industrial se detalla que el Ayuntamiento estaría dispuesto a aportar 400.000 euros. Dicho de otra manera, se espera obtener fondos europeos para financiar el 80% de la inversión y aportar el 20% restante.
De conseguir el objetivo, el Consistorio capitalino asegura que podría conseguir una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera de 1.600 toneladas.
Aunque hablar de plazos resulta complicado, en la documentación, posiblemente demasiado optimista, se detalla que el Ayuntamiento podría poner en marcha estas actuaciones en marzo de 2022 y la ejecución de las inversiones estaría lista en septiembre de 2023.
No cabe duda de que lo que ha hecho el Ayuntamiento es algo así como echar la carta a los Reyes Magos, aunque también es cierto que la filosofía de los fondos europeos va encaminada a acciones que contribuyan a reducir la dependencia energética y la contaminación.
Entre los argumentos que se exponen se enfatiza que cada uno de estos proyectos «se considera totalmente viable puesto que la tecnología está muy contrastada y la reducción en el costo de materiales en este sector hace que el retorno de la inversión en un periodo muy corto. En un plazo aproximado de entre 5 y 7 años».
Se defiende también que inversiones de este tipo contribuirán a a la «adecuación del municipio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la mejora de la eficiencia del sistema energético eliminando los costes de transporte y potenciando la generación distribuida», a lo que habría que añadir una «reducción del gasto público por el ahorro en la factura energética».
Algunos avances. Aunque buena parte de las esperanzas se confían a la consecución de ayudas, lo cierto es que algunos pasos ya se están dando ya que el área de Ingeniería Industrial trabaja ya en la licitación de seis instalaciones de energía solar fotovoltaica que se ubicarán en los edificios de Policía Local y Bomberos, en las piscinas de Capiscol y San Agustín, en los polideportivos de San Amaro y José Luis Talamillo y en el centro cívico de Gamonal Norte. Se trata de inmuebles en los que se ha advertido un consumo excesivo.
Aunque existe un listado con hasta 26 edificios con unos consumos energéticos exagerados, en seis de ellos saltan las alarmas por su gasto desproporcionado. Se trata de la sede del Parque de Bomberos y de la Policía Local, de los centros cívicos de Río Vena y San Agustín, del polideportivo Pisones, del Colegio Vadillos y de la Biblioteca Cervantes.
En el caso del cívico de Río Vena se confía en que las obras de reforma de la tercera fase, que podrían arrancar en 2022, sirvan para corregir las patologías.