No se conoce ni una sola okupación en el centro de Miranda desde 2020. Eso sí, las zonas periféricas todavía conviven con estos hechos delictivos. Es más, en algunas partes de la ciudad situadas más allá del Casco Viejo los problemas han tendido a perpetuarse. Según los vecinos, las personas que invaden propiedades ajenas son conscientes de la impunidad de sus actos e, incluso, forman un «hogar» en esas casas. Ante esto, en el barrio El Crucero lamentan que resulte imposible contactar con los dueños de los inmuebles para tener una mayor seguridad. Por su parte, en Bardauri sienten «miedo» y sus reivindicaciones toman tintes diferentes.
«Con el tiempo, han metido más gente, perros y de todo», explica uno de los habitantes de Bardauri en referencia a los okupas del número 10 de la calle Camino de Santiago. «Si yo no pago la hipoteca, a mí me denuncian», comenta este ciudadano. Sin embargo, según recuerda, el propietario del inmueble afectado consiguió que un magistrado le diera «la razón» y, con el tiempo, la situación no ha cambiado. «El dueño ganó el juicio, pero como dijeron que no tenían a donde ir, ahí siguen», relata.
Con todo, los habitantes de Bardauri dicen que estos hechos les «generan miedo». Los vecinos creen que puede crearse un «efecto llamada» y esta sensación provoca un estado de alerta constante. «Cualquier persona o coche que ves por la noche ya te hace pensar mal», argumentan. Aunque «de momento» no han sufrido una segunda okupación, están tomando precauciones. «Puede haber alguna casa vacía, pero los dueños estamos siempre pendientes», comentan. «Al lado de los okupas tenemos una vivienda, que es de la junta de vecinos, y decidimos quitar las puertas y todo para que no se quedaran ahí», rememoran angustiados.
A varios kilómetros, en El Crucero, una hilera de 5 adosados valorados en 400.000 euros cada uno están abandonados desde hace 12 años. Durante los últimos tiempos, una pareja ha okupado uno de ellos y, por ahora, no parece que desee irse. De hecho, han cuidado su jardín para evitar incendios u otros problemas. Situación diferente se da en el resto de casas que, aún sin residentes fijos, atraen a individuos sin hogar y algunos «drogadictos», según los vecinos.
«Si preguntas para comprar estas casas te dicen que no es de nadie», relatan los residentes de El Crucero. La empresa constructora, según sus testimonios, desapareció tras la crisis de 2008 y en la actualidad no encuentran una salida para los lujosos bloques. «La Policía suele venir porque llaman los vecinos», reconocen algunos de los ciudadanos que viven legalmente en la vía. Eso sí, aclaran que «el que viene, normalmente, no da ningún problema». El verdadero inconveniente que observan se encuentra en que no puede combatirse la okupación si no se sabe ni tan siquiera quién es el propietario.
«Hay otras casas en la entrada que están vacías, pero se conoce al dueño y ha puesto alarmas, porque ya intentaron entrar», rememora una mirandesa. Con ello, se atisba como la impunidad de aquellos que residen en los cinco chalés de la calle Gloria Fuertes sirvió para atraer a otros 'amigos de lo ajeno', pero estos tuvieron menos fortuna. En cualquier caso, el resultado de todo son viviendas «destrozadas», «miedo», «tensión», robos de «material», «drogadictos» en zonas residenciales y una sensación constante de inseguridad cuando abandonan sus propios hogares.
La destrucción provocada por los okupas quedó patente en una vivienda de la barriada de San Juan del Monte. A finales de marzo ardió un edificio por culpa de unos delincuentes que se hospedaban sin permiso en ese sitio. «Ya les conocíamos, bajaban mucho por aquí», reconocen los vecinos de las calles contiguas. A partir del incidente, y de la intervención de las autoridades, en ese lugar «nadie los ha vuelto a ver» porque, seguramente, «estarán en otras casas».
Alivio. En febrero de 2020 unos okupas entraron en un bloque de la calle Francisco Cantera, un mes después otros en la calle Dos de Mayo y esa misma semana un tercer grupo se asentó en la calle La Estación. Así, el centro de Miranda albergó hasta tres puntos calientes de este tipo de actos. La insalubridad, ruidos, quejas y molestias perduraron durante parte de ese ejercicio. Tras multitud de requerimientos, las autoridades lograron desalojar estos edificios del núcleo urbano y hoy, tanto los comerciantes como los vecinos, pueden respirar tranquilos. «Esto pasó hace más de un año, está todo olvidado ya», comentan los negocios más cercanos. «El dueño del piso lo cerró y lo precintó», recuerdan. De hecho, esta táctica se ha convertido en un elemento habitual de las calles principales. Aquellas construcciones deshabitadas en lugar de una puerta, en su mayoría, tienen una verja metálica para impedir el paso a 'curiosos'.