Pese a la preocupación evidente, los distintos planes nacionales o autonómicos para fomentar la natalidad que no fructifican, y todo tipo de avisos sobre las consecuencias para el futuro, el número de personas residentes en España, españoles y extranjeros sigue sin despegar y ha registrado un aumento muy limitado el pasado año. La baja natalidad que sufre nuestro país solo es compensada por la llegada de extranjeros extracomunitarios que vienen a España para trabajar, o con los nuevos residentes comunitarios que lo eligen para pasar su jubilación porque todavía les resulta más barato que el suyo.

La población española creció en 2021 después de la caída del año precedente como consecuencia del covid-19 para llegar hasta los 47,4 millones de habitantes con una subida de 50.500. Pero la población de origen española descendió en unas 20.000 personas, mientras que la población extranjera subió en 70.000. Lo que el padrón continuo que elabora el Instituto Nacional de Estadística es que si bien la población crece también se trata de una población cada vez más envejecida, de tal forma que, por primera vez, el porcentaje de personas mayores de 65 años supera el 20 por ciento, y en algunas provincias como Ourense y Zamora suponen más del 30%. La situación de la pirámide de población señala que, por edades, el 15% tiene menos de 16 años, el 35% entre 16 y 44 años y el 30% entre 45 y 64, un desequilibrio que se dejará notar en todos los órdenes de la vida social, económica y laboral. Es una situación que hará que haya que replantear muchas políticas sociales, educativas y sanitarias incluso a corto plazo.  

También la distribución territorial de la población viene a confirmar el grave problema de la despoblación de la España interior, vacía o vaciada, porque los mayores crecimientos registrados se dan en toda la franja litoral y pirenaica y en provincias como Guadalajara y Toledo -por efecto del polo de atracción de Madrid-, donde la actividad económica es más boyante. No obstante, se trata de crecimientos que en muchos casos apenas superan el millar de nuevos empadronados. Todas las provincias gallegas, las castellano-leonesas, la Andalucía interior, Extremadura, Asturias, La Rioja y Vizcaya y Guipúzcoa pierden población.

Por primera vez también los extranjeros en España superan los 5,5 millones de habitantes. En este caso también se dan movimientos de población relevantes por cuanto desciende el número de rumanos, que salen de nuestras fronteras bien para radicarse en otros países bien para volver a su país -que con la entrada en la UE mejora su economía de forma paulatina-, y los nacionales chinos, mientras que aumenta la población de marroquíes y sobre todo la inmigración procedente de los países latinoamericanos. 

Ante el invierno demográfico español en el que ya ha habido años en el que se han producido más fallecimientos que nacimientos, es una necesidad que siga fluyendo la inmigración -mejor de forma ordenada- y que se regularice la situación de muchos de los que ya viven entre nosotros, porque a la vista está que hay sectores productivos que requieren de mano de obra -en unos casos más especializada que en otros- para cubrir puestos que se quedan vacantes. Así habrá que comenzar a ver la inmigración no como un problema sino como parte de la solución a los que se plantean. La llegada de 140.000 refugiados ucranianos supondrá un aumento de la población para el año próximo, aunque tendrá que pasar un tiempo para ver si se trata de población estable, que renuncia a volver a su país, o que lo hará cuando la guerra termine y haya condiciones para su regreso.