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Editorial

El rey emérito Juan Carlos I salva su primera causa judicial

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La Fiscalía de Suiza ha otorgado cierto respiro al palacio de la Zarzuela con el archivo de la causa sobre el caso de la donación de 65 millones de euros del rey emérito Juan Carlos I a su examiga íntima Corinna Larsen. La investigación no ha permitido «establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida por parte de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad». El monarca cierra así una de las principales causas que le tienen apartado y lejos de España. Pero no es la única. Todavía tiene pendientes otras cuatro más, la última, la de la corte británica, que no le permiten ver despejado el horizonte judicial.

Por más que el actual monarca impusiera un cortafuegos y distancia con su progenitor en plena pandemia y le retirara la asignación económica de la Casa Real por la aparición de una fortuna oculta en paraísos fiscales durante los últimos años, la monarquía sufre en cada decisión judicial un choque de credibilidad y de confianza que le alejan cada vez más de la sociedad. Ya ocurrió con el caso Nóos e Iñaki Urdangarín. El itinerario judicial y posterior condena del esposo de la infanta Cristina lastró de tal manera la imagen de la Casa Real que en una parte del arco parlamentario se aprovechó para poner en cuestión el sistema de la monarquía parlamentaria.

Felipe VI ha intentado, desde el inicio de su reinado, no dar un paso en falso y ha medido tanto sus decisiones como sus apariciones públicas en los momentos más convulsos. Supo tomar distancia con su padre para proyectar una nueva imagen de ejemplaridad de su reinado sin olvidar la contribución hecha por el emérito en la incipiente etapa democrática. Pero a medida que afloran los sumarios es difícil hacer creer a la ciudadanía que esto ha sido un mal sueño. La propia huida del monarca ha contribuido a prolongar la sombra de la sospecha, así como las regularizaciones fiscales realizadas hace casi un año por otras causas. Pese a que todo parece indicar que no existen pruebas fehacientes de delito, sumado a que en su día gozaba de inviolabilidad, no exime a Juan Carlos de Borbón de buscar una fórmula para hacer cierto examen público de conciencia, no tanto para lavar su imagen personal, sino para recomponer y recompensar a esa institución a la que tanto debe.

El silencio y la distancia no ayudan a reafirmar una trayectoria que supuso el inicio de la etapa más exitosa de España de los últimos siglos. Lo más conveniente es que llegado el momento dé las explicaciones oportunas de sus últimas actuaciones. Porque pase lo que pase con sus laberintos judiciales, su reinado y su imagen se lo merecen.