Tal vez la mejor cualidad que debe tener una ministra responsable de Infraestructuras, se denomine así o Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como es el caso, es la de saber decir que no sin que lo parezca. Raquel Sánchez (Gavá 1975, licenciada en Derecho) responde perfectamente a este perfil. Su discurso está plagado de «estamos trabajando», «búsqueda de consenso» o «necesidad de garantizar equilibrios», con las que responde a aquellas cuestiones en las que no puede ofrecer noticias positivas. Ahora está centrada en superar el trámite parlamentario de la Ley de Vivienda «la primera de la democracia», como recalca y en su objetivo de introducir racionalidad en la gestión de la movilidad. En unos meses se sabrá ya si ha cosechado éxitos en ambas.

El jueves salvó 'in extremis' la primera votación de la Ley de Vivienda tras garantizar por escrito a ERC  el respeto del marco competencial en materia de vivienda. ¿No va a provocar esto que esa Ley nazca ya descafeinada?

La ley ya reconoce el papel de comunidades autónomas y ayuntamientos. Nosotros no vamos a cejar en el empeño de sacar adelante esta Ley. Somos conscientes de que necesitamos el apoyo de las fuerzas progresistas y entiendo que esa sea una de sus peticiones. Tenemos unos meses ahora de tramitación para valorar las alegaciones que se vayan planteando y confío en que seamos capaces de sacarla adelante. Por primera vez en 40 años de democracia hemos puesto la vivienda como una de las prioridades, como el quinto pilar del Estado del Bienestar.

¿Cómo cree que va a afectar a la tramitación de esta Ley las tensiones que se viven en el Consejo de Ministros entre PSOE y Podemos que ha llegado a calificar a su partido como 'partido de la guerra'?

En nada. Esas declaraciones ya han sido matizadas y aclaradas y la posición dentro del Gobierno de coalición es firme. No hay divisiones, hemos hecho un trabajo conjunto muy importante y hemos presentado un proyecto que recoge ese consenso. No hay fisuras.

Uno de los objetivos de esa Ley es bajar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, pero para ello deben asumirla las Comunidades Autónomas. Madrid, una de las zonas con los alquileres más caros, ha dicho que no lo aplicará. ¿No queda esa propuesta en papel mojado?

La comunidad de Madrid ha mostrado alguna reticencia y alguna otra también.

Básicamente, todas las gobernadas por el PP.

No, no todas. O al menos no todas se han mostrado tan taxativas en su negativa. Hay que dar tiempo a la negociación parlamentaria. Me parece precipitado decir que no la van a aplicar. En cualquier caso, serán ellas las que tengan que rendir cuentas ante sus ciudadanos por no aplicar uno de los instrumentos que puede ayudar a contener el precio de los alquileres. Y no solo contamos con eso. También hemos puesto en marcha otros mecanismos que pueden conseguir ese objetivo. Pretendemos construir un mínimo de 100.000 viviendas de alquiler accesible y tenemos otras medidas, como el Bono de Alquiler Joven.

Existe una importante brecha en número de viviendas sociales entre Europa y España. ¿Cómo se va a intentar paliar esta diferencia, además de la reserva del 30% del suelo urbanizable? Porque aunque haya  suelo, si no se incentiva su construcción los promotores van a seguir prefiriendo la vivienda libre, sobre todo con un sector en alza.

Estamos introduciendo medidas para que al sector privado le resulte atractiva la construcción de viviendas de alquiler que sean asequibles. No solo tenemos la acción directa de las administraciones públicas, sino que somos conscientes de que tenemos que alcanzar acuerdos y por eso hablamos con los operadores del sector inmobiliario para ofrecerles incentivos e implicarles.

Han pedido a los grandes tenedores la cesión de 30.000 viviendas para incluirlas en el plan de vivienda de alquiler. ¿Cómo han reaccionado?

La respuesta es positiva. Tenemos claro que tenemos que hablar con el sector privado para conformar un parque público de vivienda

El Estado tiene ya el control pleno de la Sareb. ¿Qué piensa hacer con todos esos activos que aún tiene el banco malo?

Ahí tenemos que equilibrar. Ya hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos 15.000 viviendas para política social y estamos analizando si hay posibilidades de aumentar la cifra. Pero no todos los activos de la Sareb pueden servir a ese objetivo.

Uno de las patatas calientes que tiene es el cobro por el uso de las autovías, una medida anunciada por Gobiernos del PP y PSOE, que no se atreven a poner en marcha, ¿Cuándo la van a aplicar?

No tenemos fecha. Tenemos la previsión de hacer ese análisis con las alternativas que se puedan presentar, pero es cierto que es un tema complejo que requiere del consenso de los agentes implicados, de las diferentes administraciones y del sector del transporte. Por responsabilidad y por sentido de Estado tenemos que determinar cómo financiamos el mantenimiento y la modernización de las carreteras. Pero también hay que tener en cuenta el momento y somos muy conscientes de la situación en la que nos encontramos.

¿Sin consenso no se va a aplicar?

No, no. Nos hemos comprometido a ello con la Unión Europea. Cualquier medida de este tipo requiere de consenso.

Entonces no se llegará a aplicar porque el sector del transporte ha mostrado ya su rechazo.

Este no es el mejor momento para plantear una medida de este tipo, pero el sector del transporte sabe que este es un tema del que tendremos que hablar en algún momento. Ellos saben que cualquier transportista, nacional o extranjero, paga por utilizar las autovías en toda Europa salvo en España. Y también ellos se están beneficiando del rescate de autopistas que hemos hecho desde 2018 y el ahorro que supone. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que garantice la sostenibilidad y que permita tener una red de carreteras mejor mantenida, más segura y que les permita prestar mejores servicios. Eso solo lo podemos hacer con una correcta financiación.

Los fondos europeos van a permitir afrontar infraestructuras pendientes en este país. ¿Tienen identificadas cuáles son las más urgentes?

Hemos incluido actuaciones muy importantes en el sistema ferroviario. Vamos a fomentar con más de 6.000 millones los corredores ferroviarios y aquellas líneas convencionales y de cercanías que nos permitan cumplir los plazos de los fondos Next Generation. Pero también vamos a poner en marcha proyectos de regeneración urbana y de mejora de la eficiencia energética, que es otro de los pilares de este Ministerio.

La España vaciada sufre un agravio comparativo en materia de infraestructuras ¿Se ha tenido en cuenta esta variable al elegir los proyectos?

Desde luego. La Ley de Movilidad Sostenible va mucho en esa dirección, en la de dar soluciones de movilidad a los ciudadanos independientemente de si residen en un área metropolitana o en un núcleo rural que se enfrenta al problema de la despoblación o el envejecimiento. Precisamente acabamos de constituir la mesa de movilidad rural, para tener en cuenta las necesidades específicas que tienen esos territorios.

En su nueva estrategia de movilidad, el tren de alta velocidad tiene un papel principal. ¿Creen que el modelo Avlo, el AVE de bajo coste se extenderá a otras líneas?

Hemos visto como la liberalización ha sido muy positiva, porque ha dado entrada a la competencia. Tenemos nuevos operadores, como Ouigo, o como Ilsa, que va a entrar en breve en Levante y después hacia Galicia. Esto va a conseguir que la Alta Velocidad sea más competitiva y más accesible, con lo que vamos a aprovechar mejor una red que es la mejor de Europa y la segunda mejor del mundo después de la de China.

¿Prevén ayudas para los viajeros habituales en aquellas líneas AVE que no sean atractivas para esos nuevos operadores?

No en todos los casos ni en todos los territorios, pero cuando entendamos que sea útil y que permita dar una mejor respuesta introduciremos esas ayudas.

¿Cuándo va a a impulsar el Gobierno de manera decidida el corredor atlántico? No parece que haya el mismo interés por su desarrollo como el que por el mediterráneo.

Eso no es así. Estamos avanzando en el corredor atlántico. En los Presupuestos de este año tenemos 1.700 millones para el corredor mediterráneo y 1.400 para el Atlántico. Para nosotros son igual de importantes. El impulso que hemos dado estos últimos tres años es muy diferente de el que dio el Gobierno anterior.    

El PP ha alcanzado un pacto con Vox para gobernar Castilla y León. ¿Qué cree que puede suponer?

Lo lamentamos, porque van a ser los castellanos y leones los que lo van a sufrir. Vox ha venido anunciando cuáles va a ser sus planes. Va a haber un retroceso en derechos y libertades.