La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca presentará una demanda judicial ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno de España «en un plazo no superior a 30 días», tras el envío a Cataluña el pasado 9 de abril de 20.000 documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española. La asociación reiteró anunció ayer las medidas judiciales que tomará por los llamados ‘Papeles de Salamanca’, mientras que el alcalde de la capital del Tormes, Carlos García Carbayo, tildó de «puñalada por la espalda» la extracción de 20.000 nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil y su envío a Cataluña. De hecho, el Ayuntamiento y la asociación ya han trazado una hoja de ruta con acciones específicas encaminadas a la devolución de estos documentos «regalados» el pasado 9 de abril y otros 400.000 pendientes de devolución, en base a las sentencias judiciales.
El propio Carbayo y el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, han remitido una carta al Ministerio de Cultura exigiendo la convocatoria «urgente» del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica. En la misiva se exige además que los responsables ministeriales aporten un informe sobre la última salida documentos del Archivo y que se remitan asimismo las actas de las sesiones de la comisión mixta entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña en la que se decidió la misma, así como los informes técnicos que hayan servido de base para el traslado.
Además, tanto el Ayuntamiento como Salvar el Archivo exigen por carta al Ministerio de Cultura que emita un informe sobre las acciones que tienen previsto llevar a cabo para que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que dictan la devolución a sus legítimos propietarios de 400.000 documentos. Asimismo, reclaman otro informe que contenga las medidas de vigilancia que van a aplicar para que los últimos 20.000 sean devueltos en el plazo de un año, es decir, en abril de 2022.
«Respecto a los 400.000 documentos que retienen ilegalmente en su poder, vamos a presentar una demanda judicial contra el Gobierno de España en un plazo no superior a 30 días», anunció Policarpo Sánchez durante su intervención, en la que aseguró que «hemos mandado muchos requerimientos al Ministerio y ninguna ha tenido contestación».
Mandato
Por su parte, el Ministerio de Cultura aseguró que la salida de varios documentos y objetos con destino al Arxiu Nacional de Catalunya, el pasado 9 de abril, se realizó «en estricto cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 806/2019». Según informó el Ministerio, ese día, salieron de Salamanca 39 cajas archivadoras normalizadas, 26 de ellas con documentos y 13 con libros, así como cinco banderas y un cartel. «Este envío es consecuencia del mandato establecido en una sentencia de la Audiencia Nacional de 2016, ratificada por la sentencia citada del Tribunal Supremo», insistieron fuentes ministeriales.
Asimismo, explicaron que los fondos transferidos a Cataluña «para su entrega a sus legítimos propietarios» fueron en su día identificados por los miembros de la Comisión Mixta como «incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos».