En tan solo unos días los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León van a tener la oportunidad de dar una pequeña alegría a los burgaleses -y a los leoneses-, tan necesitados últimamente de buenas noticias. La posible alegría lleva por título: PNL/243-01, la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para el próximo Pleno en la que se insta a la Junta de Castilla y León a iniciar cuantos trámites sean precisos que permitan adoptar los acuerdos necesarios para implantar en las universidades públicas de León y Burgos dos nuevas facultades de Medicina.
Ya sabemos que, si finalmente la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos incorpora a su oferta educativa el grado de Medicina, tendrá que transcurrir más de una década para que tenga efectos directos en la asistencia sanitaria en Burgos y provincia. Toca antes que las administraciones central y regional adopten otras muchas medidas como incrementar el número de plazas de médicos residentes y ofrecerles buenas condiciones para que se queden en esta tierra tras su periodo de formación. Desde el gobierno regional insisten en que el problema no está en la falta de médicos sino en dar salida a los que no tienen el título de especialista. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Burgos han apoyado la petición de la nueva facultad que vino de la mano de la Universidad con el respaldo del Colegio de Médicos, en base a un buen puñado de argumentos sanitarios, académicos y sociales.
Desde hace 15 años la Junta se viene mostrando reacia a crear más facultades de Medicina, aunque ahora la situación es muy distinta ante el problema del recambio generacional que se vislumbra en la profesión, que especialmente afectará a la atención primaria y a algunas especialidades. Además, el grado de Medicina daría pleno sentido a la U del Hospital Universitario de Burgos, como argumentan desde el Colegio de Médicos. Si la proposición sale adelante, la UBU tendrá que presentar un buen proyecto a la Consejería de Educación para que lo respalden el gobierno regional y el Consejo de Universidades, hasta que finalmente el gobierno central apruebe el plan de estudios y lo reconozca como título oficial en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Muchos pasos quedan por delante, pero ahora toca mojarse.