El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se estrenó ayer con polémica en la primera comparecencia después de un Consejo de Ministros, al menos en lo que a materia educativa se refiere. Y es que el Gabinete envió ayer mismo un requerimiento al Ejecutivo de la Región de Murcia exigiéndole que suprima el polémico pin parental, que permite a los padres dar su consentimiento, o no, para que sus hijos reciban formación complementaria en charlas o talleres con contenidos relacionados con la identidad de género o la igualdad.

Hasta aquí, todo podía entrar en lo normal, pero no fue demasiado afortunada la explicación que agregó la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien aseveró que el requerimiento enviado exige a la región que «restablezca la legalidad y excluya el pin parental de las instrucciones de inicio de curso» porque vulnera un derecho «fundamental y constitucional»: «No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres» llegó a decir.

Más allá todavía fue la recién estrenada en estas comparecencias de prensa, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que indicó que este método de control para los padres sobre los contenidos educativos de los hijos «es un elemento claro de censura educativa y sobre todo de machismo», y subrayó que «los hijos de padres homófobos y machistas tienen el mismo derecho que el resto de ser educados en libertad y en igualdad».

El Consejo de Ministros reunido ayer, el último que se celebra en este día ya que a partir de ahora se harán los martes, acordó así remitir este requerimiento administrativo al Gobierno de Fernando López Miras, y amenazó con que pasarán a la vía judicial si se siguen vulnerando esos «derechos fundamentales» de los niños a recibir la educación en libertad e igualdad.

El Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez quiere poner freno así a una de las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos tanto de la Región de Murcia como de Andalucía, y lo harán allí donde sea necesario, según manifestó la también nueva portavoz, María Jesús Montero. 

«Este Gobierno recurrirá por la vía administrativa o judicial cualquier intento del PP, VOX y Ciudadanos de vulnerar el derecho de los menores a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales», recalcó. Y añadió que serán firmes en la defensa de los derechos de estos menores y que responderán «con contundencia» ante cualquier atisbo de vulneración. Es por eso que Irene Montero anunció que solicitará su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género en el Congreso y en el Senado para tratar este asunto porque considera que el pin parental supone «una clara ruptura» de este Pacto.

El revuelo que armaron las palabras de Celaá en la oposición fue casi mayor que la medida en sí. El presidente del PP, Pablo Casado, cargó contra el Gobierno y afeó a la ministra. «Mis hijos son míos y no del Estado y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias», escribió el popular en Twitter.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, acusó a Educación de «engañar» a los españoles sobre el contenido de la medida y le recriminó que no recurra a la Justicia cuando toca defender los derechos de los alumnos catalanes a estudiar en castellano.

Por su parte, Vox Andalucía tildó el plan como «instrumento para preservar a sus hijos de un adoctrinamiento impartido por dementes comisarias políticas de género que les inculcan su veneno de odio, irracionalidad e inmoralidad».