Avanzar en transparencia y derechos sociales marca la agenda legislativa de la Junta de Castilla y León en este inicio de mandato de coalición entre PP y Cs. Como defendieron en sus respectivas campañas electorales y recogieron después en su acuerdo de gobernabilidad, los ‘populares’ han cumplido al presentar como primer anteproyecto la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y los ‘naranjas’ la modificación de varias normas en el apartado de regeneración, informa Ical.

Once anteproyectos se han hecho hueco en su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto, según la consulta de Ical, entre los que destacan cuatro de la Consejería de Consejería de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, de nueva creación y dirigida por el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, que revisa todas las leyes en materia de transparencia aprobadas por el anterior equipo del PP, que éste calificó como “pioneras y de nueva generación”.

En distintas fases de tramitación, sin haber llegado a su aprobación por el Consejo de Gobierno, se encuentran los anteproyectos de ley que regule la tramitación de las denuncias que reciba la Administración autonómica sobre delitos e incumplimientos del Código Ético; de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización; de modificación del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León; que regule la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de Castilla y León.

También por los foros de participación han pasado los proyectos sobre derechos y garantías ante el final de la vida; garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Castilla y León; del tercer sector; de derecho a la vivienda; de patrimonio cultural; nueva ley de caza; sistema fiscal favorable en el impuesto de sucesiones y donaciones.

La Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes se aprobó en octubre de 2016 fruto del acuerdo de PP y Cs que facilitó después el pacto presupuestario, pero con el voto en contra de PSOE, Podemos, IU y UPL, para quien nacía “muerta” al considerar que no había garantías para los empleados públicos denunciante de un posible hecho irregular.

Ahora el departamento de Igea considera que transcurridos tres años es conveniente profundizar en los mecanismos de protección de aquellos empleados públicos que presenten denuncias en este ámbito, para lo que resulta necesario aumentar la confianza de los denunciantes mediante el reconocimiento de mayores derechos y garantías.

De la misma manera, se ve en la misma Consejería insuficiente la regulación de la ley de transparencia y plantea una serie de propuestas como recoger multas por su incumplimiento y que abarque todo el sector público. Modernizar y actualizar la regulación existente, reforzar y avanzar en la ampliación de la limitación de mandatos para todos los altos cargos de la Administración motivan la modificación de esa norma.

Sin embargo, la Consejería dirigida por Igea no solo centra la revisión normativa en las leyes de transparencia, sino que también abre hueco en la normativa de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, consensuada por PP y PSOE en 2013. Ante la falta de acuerdo con los socialistas para aprobar los mapas rurales de ordenación, el vicepresidente ha decidido modificar la norma para retirar de la misma la mayoría cualificada de dos tercios, que no suman los socios de gobierno, y poder culminar el modelo territorial.

Más derechos sociales

Francisco Igea se estrenó como portavoz del Ejecutivo el pasado mes de julio con la explicación de los objetivos de la futura ley de derechos y garantías al final de la vida, destinada a asegurar el cumplimiento de su libre voluntad en la toma de las decisiones que les afecten y velar porque el respeto a su dignidad se extreme durante este proceso. Otro texto que se ha abierto hueco es el anteproyecto de ley del tercer sector, presentado por Familia e Igualdad de Oportunidades.

Una de las normas presentada como novedosa es la conocida como LGTBI, la que más propuestas ciudadanas ha recibido en el Portal de Gobierno Abierto, en concreto hasta 527 alegaciones. En la pasada legislatura, Ciudadanos firmó la proposición de ley junto al resto de grupos de la oposición, que bloqueo el PP en las Cortes. Ahora, la Junta ha tomado la iniciativa y ha iniciado el proceso para su elaboración.

Tumbada por el TSJCyL, otra de las leyes más polémicas es la de caza. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió en su investidura a presentarla en seis meses. Sin esperar a que haya sentencia firme y con la espada de la inconstitucionalidad, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente somete en este momento el texto al trámite de información pública.

El último Consejo de Gobierno aprobó el calendario normativo para 2020, que contiene 18 proyectos de ley, 89 decretos y 13 órdenes por parte de las diez consejerías de la Junta de Castilla y León.