Aunque pasen los días y el aislamiento esté mayoritariamente asumido, las autoridades no pueden bajar la guardia. Esta semana el Congreso de los Diputados ha acordado alargar el estado de alarma otros 15 días y el Gobierno central trabaja ya en endurecer las normas para evitar el avance del virus. Esto quiere decir que los ciudadanos van a tener que estar encerrados en casa mucho más tiempo que el planteado en un principio. El pasado fin de semana, algunos aún no eran conscientes del alcance de la pandemia y de la importancia de la cuarentena, así que decidieron saltársela, coger el coche y marcharse a segundas residencias. Casi todos tuvieron que volverse a casa porque todas las salidas de la capital y de otras localidades de la provincia estaban bloqueadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que participaron en la llamada Operación ‘Jaula’, la cual volvió a repetirse desde el mediodía hasta la noche de ayer.
La Policía Local informó de que entre el 20 y el 22 de marzo solo en la capital se intervinieron un total de 3.643 vehículos, de los cuales 44 terminaron denunciados con multas de 600 euros. A ellas habría que sumar las de otros municipios, especialmente los que se encuentran en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas, especialmente Cantabria y País Vasco. La Guardia Civil intervino el viernes pasado a muchos ciudadanos de Vizcaya que acudieron a municipios de Las Merindades para pasar el sábado y el domingo. Algunos de los que tuvieron que darse la vuelta al encontrarse con el control, decidieron aprovechar la noche para salirse con la suya. Tal y como informó este periódico, los alcaldes y ciudadanos denunciaron a estos vecinos estacionales por saltarse el estado de alarma y se tramitaron algunas sanciones.
Por eso, la Delegación del Gobierno en Castilla y León apostó por reforzar los controles de las principales ciudades y también en las fronteras con otros territorios. Una vez más, agentes de la Policía Local, Nacional y la Guardia Civil bloquearon las salidas y vigilaron que los vehículos que dejaban Burgos lo hacían por motivos contemplados en las excepciones del estado de alarma. Si los conductores, que en ocasiones viajaban incluso con más ocupantes, algo que también está prohibido, no lograban justificar su desplazamiento, eran obligados a regresar a sus casas para cumplir con el confinamiento. La principal labor es la de informar, pero si además del incumplimiento se produce alguna falta a los efectivos de seguridad, la conducta supone una multa de 600 euros, como ya ocurrió la semana pasada.
(Más información, en 40 páginas en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)