Tras una investigación de casi medio año del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y tras pasar por el juzgado más de 70 imputados, la titular de Instrucción 1 de Burgos dictó auto en el que cerraba la causa abierta contra un taxidermista de Zalduendo y 22 cazadores burgaleses que, según la Benemérita, habían urdido un plan para dar salida a piezas que podrían haber sido cazadas de manera furtiva. 
Según explica la jueza en su auto, que data del pasado 6 de febrero, en el curso de una investigación contra la caza furtiva de la Guardia Civil iniciada en un taller de Móstoles (Madrid), agentes del Seprona llevaron a cabo el 23 de noviembre de 2021 una inspección a un taxidermista de la localidad de Zalduendo, donde «se advirtieron ciertas irregularidades en el libro en el que se registran las entradas y salidas de las piezas que los cazadores llevan a disecar». Así, requisaron los trofeos de corzo sin precintos y con los distintivos que no les correspondían.

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