Javier Delgado Barrio ha regresado hoy a Burgos, una ciudad con la que mantuvo una relación «muy intensa», pues entre 1974 y 1986 residió en ella y nació su cuarto hijo, en la época en que fue magistrado de la Audiencia Territorial de Burgos y de la que guarda muy «buenos recuerdos y grandes amigos». Este jueves, el que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001 y magistrado del Constitucional entre 2001 y 2012, ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Isabel I de Castilla. Antes del acto, concedió una entrevista a este periódico e hizo un repaso al funcionamiento actual de la Justicia en nuestro país. 

¿Qué significa para usted ser investido doctor honoris causa por la Universidad Isabel I de Castilla?
Yo viví 12 años en Burgos, 12 años felices. Fui magistrado de la Audiencia y tuve amigos inolvidables, como Antonio Naval, Teófilo Ortega, Pepe Molina, Daniel Sanz, Manolo Aller, Gregorio Segurado..., en fin, amigos extraordinarios. También ejercí allí funciones docentes en el Colegio Universitario Integrado y en la UNED. Tengo una relación intensa con Burgos y la enseñanza de Burgos. De modo que el doctorado honoris causa de una Universidad burgalesa de la que tengo muy buenas referencias para mí es una alegría y un honor.

¿Cómo recuerda esos años en Burgos? ¿Cómo funcionaba la Justicia?
Funcionaba muy bien, había jueces excelentes, la curia era muy buena y, además, teníamos una relación muy cordial con abogados y procuradores. Tengo muy buen recuerdo.

¿Echa de menos el ejercicio de la Justicia?
No. He hecho algún arbitraje, he escrito un anecdotario. Cada vez que leo un caso en los periódicos el reflejo mental es pensar qué sentencia hubiera dictado yo. Después de 50 años de ejercicio, no lo añoro. 

La pregunta es obligada para un expresidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. ¿Qué cambios legislativos habría que acometer para evitar que la renovación del CGPJ -4 años atascada- y, por tanto, de órganos como el Constitucional dependa de la veleidad de unos partidos u otros?
Esta pregunta plantea una cuestión trascendental. Es preciso que los 12 vocales jueces del Consejo sean elegidos por los propios jueces. Solo el primer Consejo alumbrado tras la Constitución tuvo 12 vocales elegidos por sus pares, yo fui vocal de ese Consejo. Es fundamental, por tanto, que se vuelva al sistema inicial para que los vocales magistrados sean elegidos por magistrados, para lo cual hay que modificar la Ley del Consejo. Cuando se redactó el texto de la Constitución estaba clarísimo que los 12 vocales judiciales serían elegidos por los propios jueces, que son electores y elegibles. Así lo dijo Gregorio Peces Barba, portavoz socialista y padre de la Constitución. «Está claro para nosotros, al menos, los socialistas», dijo el 8 de junio de 1978, si la memoria no me falla. Ese era el espíritu de la Constitución, para los socialistas y para todos. Y en la primera Ley del Consejo General del Poder Judicial así se estableció (duró hasta 1985). [Hoy en día los 20 son propuestos -10 y 10- por Congreso y Senado por mayoría de tres quintos, 8 entre juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados]. Además, hoy hay que tener en cuenta una corriente europea en favor de la elección de los vocales judiciales por sus pares, una corriente que considero incontenible. Cuando la Constitución dice que las Cortes eligen 8 lo que quiere decir es que eligen solo 8. El principio fundamental es la independencia judicial, que se mantiene en todos los frentes. Y para mantener esa independencia o incluso la apariencia de independencia del Consejo frente a la política la Constitución ha establecido que de los 20 vocales solo nombren 8. La independencia del Consejo debe ser clara porque, cuando se duda o se niega, por consecuencia se llega a negar la independencia de los jueces que no están en el Consejo. Y esto es muy doloroso para el juez e inquietante para el ciudadano.

¿Qué opina de la Ley Orgánica 4/2021 que impulsaron Podemos y PSOE para impedir la renovación de cargos durante el periodo de 'interinidad' del Consejo?
Es una Ley que pretende cubrir una laguna constitucional que se cree que existe. Yo no me siento cómodo hablando sobre este tema. Tengo una opinión clara sobre la constitucionalidad de esta Ley pero estando pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional no me pronuncio.

El ambiente en Cataluña no es el mismo que en la época del Procés. Pasado el tiempo, ¿qué cree que fue lo que llevó a Junqueras y compañía a promulgar la independencia?
El ambiente hoy en Cataluña es completamente distinto al de la época del procés. No puedo saber lo que pensaba Junqueras. Quizá, si echo a volar la imaginación, pensaba que iba a tener apoyo popular entusiasta, lo cual luego no se produjo.

¿Consideraban que la Justicia española se iba a inhibir, que no iba a actuar contra ellos? ¿Era posible pensar eso en ese momento?
Lo que pienso es que allí había delitos perseguibles de oficio y, por consiguiente, la actuación judicial era inevitable. 

Llega el juicio, se dictan condenas y los impulsores de la proclamación de independencia en Cataluña ingresan en prisión. Luego es verdad que llegaron los indultos. ¿Considera que los impulsores del procés los merecían?
En ese terreno comparto lo que dijo el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, formada por juristas de alta categoría y una reconocidísima independencia. En ese informe se opusieron al indulto.

¿Tiene sentido la figura del indulto en un Estado de Derecho?
El Código Penal es una ley muy general y en ocasiones la aplicación a un caso concreto puede producir consecuencias injustas. Incluso el propio juez puede pedir el indulto. Cuando ocurre esto el indulto es necesario. El problema está en el indulto de utilidad pública, ese es el caso en el que resulta más discutible. Es imposible saber qué situaciones se van a producir en el futuro y, por consiguiente, me parece que es prudente mantener la figura del indulto por utilidad pública, siempre que esa utilidad sea de extraordinaria importancia. Ha de existir también un nexo de causalidad claro entre el indulto y el efecto de utilidad pública que se persigue. Y, por descontado, hace falta una motivación muy detallada cuando se conceda. 

Usted fue y es especialista en derecho contencioso-administrativo, una jurisdicción muy cargada de trabajo. Faltan jueces, recursos materiales. ¿Siente que la Justicia es la hermana pobre la Administración del Estado?
Hay muchas necesidades y un dinero del que se dispone. Lo que sí creo es que la creación de un hospital da votos y la de un juzgado de primera instancia no da votos. Ante esta tesitura el político se dedica a lo que da votos. Y además hay que decir que también es de más utilidad un hospital que un juzgado. Debe hacerse una distribución muy cuidadosa del dinero entre distintas necesidades. Sí creo que la Justicia es la hermana pobre de la Administración del Estado en el sentido de que el gasto en Justicia da menos votos que el gasto en otros terrenos.

¿Existe un interés político por que la Justicia no funcione bien, que siga siendo lenta?
No creo que exista ese interés política. La Justicia funciona como funciona pero no deriva de un interés de que vaya mal. No tengo esa sensación. Tengo la impresión de que los jueces mantienen el propósito de cumplir con sus obligaciones. Pero por otro lado los medios de que disponen y su propia retribución les produce una sensación de abandono, de que no les importan a nadie.