Convocar de forma urgente al Consejo del Diálogo Social para tratar el cumplimiento de los 18 acuerdos que en estos momentos están vigentes en Castilla y León, entre los que se encuentran algunos puntales del modelo de concertación como la estrategia integrada de empleo, el Papecyl 2021, el acuerdo de competitividad o el plan de vivienda. Estos son los primeros deberes que los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han puesto al nuevo Gobierno de la Comunidad, y cuyos secretarios regionales, Vicente Andrés y Faustino Temprano respectivamente, remitieron por carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tal y como ambos reconocieron ayer. «Mucha gente no puede esperar más», sostuvo Andrés, que intervino junto a su homólogo, para presentar los actos de sus organizaciones de cara al 1º de Mayo. En esta línea, el líder de CCOO reclamó al Ejecutivo regional que debe cumplir los 18 acuerdos del Diálogo Social vigentes, y urgió a sacar las convocatorias de empleo local, para generar 10.000 puestos en ayuntamientos, los apoyos a desempleados o los complementos a los ERTE. «Las convocatorias deben salir ya con los presupuestos prorrogados porque sino no llegamos, y mucha gente no puede esperar».
Por su parte, Temprano incidió también en la necesidad de que la Junta desarrolle los acuerdos porque su objetivo central es el «empleo» y defendió el proceso de concertación como «esencial para adoptar políticas eficaces y justas». «Ahora estamos paralizados», denunció para exigir que salgan todos los planes de empleo local, ayudas a desempleados, y los servicios a diferentes colectivos, o las viviendas al alquiler, como estaban, con la prórroga, para después, si se quiere, debatir sobre posibles mejoras. Al respecto, manifestó que lo «lógico» es que la Junta ponga sus 120 millones para el plan de empleo, para que llegue con los fondos del Gobierno a unos 300, como en 2021, «como mínimo».
Encuentro urgente
Los dirigentes sindicales exigieron a la Junta una reunión para que les explique el plan anticrisis aprobado en el primer Consejo de Gobierno de la legislatura, y cargaron contra la bajada generalizada de impuestos porque es una «engañifa» que impacta directamente en la prestación de servicios a los ciudadanos y solo beneficia a los más ricos.
El Gobierno coalición PP-Vox también se puso sobre la mesa, y Temprano indicó que defenderán la ley de memoria histórica y la de violencia de género. De hecho, fue más allá y afirmó que saldrán también a las calles en las nueve capitales de provincia y las cabeceras de comarca «por las libertades y la democracia, porque están en juego», dijo, y trasladó «a los que intentan quitarnos del medio» que «estamos aquí, somos la mayoría y vamos a seguir luchando por los derechos de la clase trabajadora».
Nuevo consejero
Igualmente, ambos líderes sindicales quisieron dejar claro que lo que más urge es «saber qué va a hacer este Gobierno» y, sobre todo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones. «Si ya hubo dificultades con Ciudadanos es de esperar más con la extrema derecha», remataron.