Tras diez años de instrucción, el Juzgado número 1 de Villarcayo ha decretado la apertura de juicio oral a la alcaldesa del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz, por el delito continuado de prevaricación administrativa y 4 ediles y exdiles, así como al antes secretario municipal. Tanto el fiscal como la acusación particular ejercida por la edil del PP, Margarita Pérez, coinciden en solicitar para la regidora socialista 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público debido a las decisiones tomadas entre 2010 y 2013 en relación a los caminos e infraestructuras públicas de Rioseco, San Martín y Quintana del Rojo que quedaron dentro de la finca privada de Fuentehumorera S.L., y por las que su dueño ya fue condenado por el Juzgado de Villarcayo en 2019 por un delito leve de usurpación de bienes.

El fiscal reclama 9 años de inhabilitación para el exsecretario, Enrique Rodríguez, así como para la exedil Yolanda Álvarez, a quienes también acusa de un delito continuado de prevaricación, mientras que reduce la petición a 8 años para los ediles Juan Carlos López Fernández y Moisés Fernández Peña, así como para su excompañero Marcos López Peña. La acusación particular pide 10 años de inhabilitación para cada uno de ellos, sin distinción.

El cierre de los caminos de Rioseco ha dado lugar a un proceso judicial de 4.000 folios con multitud de idas y venidas por las diferentes instancias. Diez años después, Margarita Pérez califica de «tremendamente injusto lo ocurrido y una vergüenza, porque no se puede mantener tantos años esta penosa instrucción». Los hechos se remontan a los años 2000 y 2002 cuando el empresario A.P.A. adquirió la finca Fuentehumorera para constituir un coto cinegético vallado y construir una fábrica de quesos. Dentro de ella quedaban en pie varias edificaciones del antiguo pueblo de Rioseco con su abastecimiento de agua o alumbrado público, así como restos de los pueblos de Fuentehumorera, Quintana del Rojo, San Martín del Rojo y el desaparecido Casabal. Pero lo más determinante eran los 27 antiguos caminos que comunicaban estas localidades y otros parajes y que quedaron cerrados al público tras el vallado de la finca en 2003.

El Consistorio otorgó licencia de obra para el vallado cinegético condicionada a «que los caminos de dominio y uso público deban contar en todo momento con acceso libre» y que «solo se pudieran cerrar con barrera practicable o paso canadiense», como marcaba la declaración de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León. El fiscal advierte que se cerraron diversos caminos públicos con «candados en puertas», así como con «cerramientos de malla cinegética impidiendo con ello su uso».

En 2007, Carmen Saiz incoó expediente «de recuperación de oficio de la posesión y uso público de bienes de dominio público usurpados». Durante la tramitación, A.P.A., «si bien reconocía la titularidad pública de los bienes… le propuso que al encontrarse dentro de una finca única en coto redondo y que tales bienes se usaban única y exclusivamente por su sociedad… se llevase a cabo la permuta de los bienes de dominio y uso público por otros de su propiedad» que estaban fuera de la finca, dice el fiscal.

El abogado del Estado reitera en su escrito los preceptos legales que el equipo de gobierno incumplió, porque «la obligación del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo no era la de permutar bienes de dominio público, sino la de ejercitar las acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de tal entidad local, protegiendo y defendiendo su patrimonio». Sin embargo, los sucesivos acuerdos del pleno adoptados en 2010 y 2012 llevaron a anular el expediente para la recuperación de los bienes públicos e iniciar su desafectación para que pasaran a convertirse en bienes de carácter patrimonial y dejasen de ser de dominio público, así como la permuta, «a sabiendas de que no existía ningún tipo de interés general para el Ayuntamiento, ni razones de oportunidad ni necesidad, sino que el interés que presidía tal permuta era un interés particular de Fuentehumorera S.L.».

El equipo de gobierno alegó que las vías y bienes públicos sitos dentro de la finca «carecían de utilidad para el Ayuntamiento, mientras que su posesión y mantenimiento hacían entrar en constante conflicto al Ayuntamiento con la mercantil», siempre según el fiscal. En 2013 actuó la Consejería de Presidencia que concluyó que tanto el acuerdo de permuta como el de desafectación de caminos «infringen el ordenamiento jurídico» y que «la primera obligación del Ayuntamiento consistía en iniciar un expediente tendente a la recuperación de los bienes de su propiedad». El Consistorio anuló los acuerdos y volvió a iniciar la recuperación de los 27 caminos e infraestructuras públicas, pero el fiscal incide en que «no se llevó a cabo actuación de ningún tipo a fin de conseguir de forma efectiva la recuperación de tales bienes públicos» y acabó interviniendo Medio Ambiente para que la empresa abriera los accesos que permanecían cerrados. En 2015 «se logró conseguir que por parte de Fuentehumorera S.L. se abrieran pasos a través del vallado cinegético», pero Pérez Herrero asegura que muchos siguen cerrados.