Impuestos versus incentivos

Carlos Cuesta (SPC)
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El Gobierno se enfrenta al dilema de subir la presión fiscal como la medida más rápida para afrontar los costes de la crisis de la COVID o reducirla para incentivar el consumo y la recuperación económica

Impuestos versus incentivos - Foto: Jesús HellÁ­n Europa Press

La cumbre de la CEOE concluyó hace dos semanas con un contundente aviso de su presidente, Antonio Garamendi, al Gobierno. Le advertía que «las crisis no se solucionan con subidas de impuestos sino con deuda», en un contexto donde las arcas públicas están en mínimos históricos ante los esfuerzos para frenar los efectos de la COVID.
Muy contrario se mostró el Banco de España al pedir al Gobierno esta misma semana que, en cuanto se pueda, redefina «la cesta de impuestos» con el objetivo de favorecer el crecimiento económico del país y la reducción del déficit y la deuda pública por debajo del 100% del PIB en los próximos 10 años.
La crisis, provocada por el cese de la actividad no imprescindible, tras la declaración del estado de alarma, ha colocado a la economía nacional en un complicado escenario en el que influyen dos elementos de manera determinante. Por un lado, la bajada de la facturación de las empresas y, por otro, el consumo de los hogares que ha reducido la recaudación estatal. Ante este escenario, el Ejecutivo debe enfrentarse también a un gasto social enorme con el que no contaba con los pagos, por ejemplo, de los ERTE, más parados o la renta mínima que ya está activa en España. 
En este contexto, y pese a que el mundo empresarial desaconseja incrementar los impuestos, el Gobierno considera que hay margen para mejorar la recaudación.
El límite del Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría en alcanzar en España una presión fiscal similar a la de la media de los Estados de la eurozona, que está actualmente en una diferencia de seis puntos sobre el PIB nacional, es decir el equivalente a 64.582 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación de crecimiento económico para 2020 de 1,076 billones.
La necesidad del Estado de hacer frente a las consecuencias de la pandemia dificultan una política económica basada en incentivos puesto que, aunque los economistas liberales lo aconsejan, sin embargo, la ideología progresista es partidaria de una mayor intervención y de gravar más las rentas y la riqueza de las clases acomodadas.
El equipo de Gobierno entiende los consejos de los expertos liberales que sostienen que una mayor presión fiscal solo conseguirá estrangular la solvencia del conjunto de españoles y, además, el hecho de subir los tributos no asegura que se consiga el efecto de recaudación deseado, sino que puede ocurrir lo contrario y reducir aún más el consumo. Una reacción que solo conseguiría menos liquidez por la caída de actividad y, lo que es peor, paralizar más la economía, incrementar el desempleo y disparar el enorme gasto actual en prestaciones sociales por desempleo, lo que redundaría en más déficit y deuda. 
Países como Italia o Alemania han anunciado importantes bajadas de impuestos para salir de la crisis y, desde la Comisión Europea, han pedido al Gobierno que anime a gastar a las clases medias y altas que se lo puedan permitir, una medida muy controvertida puesto que siempre Bruselas había exigido a España austeridad, moderación y medidas estructurales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene muy avanzados nuevos gravámenes a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Así, la llamada tasa Google pretende ingresar un 3% del importe de los servicios de publicidad en línea, de intermediación y de venta de datos.
El Ejecutivo rebajó sus previsiones de 1.200 a 968 millones de euros anuales en este concepto y ya se lo ha comunicado a EEUU, dado que son los gigantes digitales norteamericanos los más afectados, para evitar que la Administración Trump imponga aranceles a productos españoles y no perjudique a las exportaciones y al crecimiento económico y los niveles de empleo.
Por su parte, al impuesto a las transacciones financieras pretende gravar la compraventa de acciones españolas que se realicen sobre empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones, con lo que se estima obtener 850 millones más al año. 
En conjunto, la batería fiscal que plantea Hacienda rondaría los 7.600 millones. Alrededor de 2.600 millones de euros provendrían de la Ley contra el Fraude y las tasas Tobin y Google.
De los 5.000 millones restantes, el grueso de los ingresos provendrían de Sociedades con unos ingresos estimados de 3.826 millones. 
La subida del diésel para equiparar su fiscalidad a la gasolina aportaría otros 670 millones y el alza del IRPF a las rentas altas 328 millones de euros más.
Asimismo, estudia una subida generalizada del resto de tributos. Se habla ya de incrementar un 23% el IVA, elevar también el IRPF e imponer un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo de Sociedades (18% en el caso de la banca), y lograr una homogeneización de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio en todas las comunidades autónomas.
La necesidad de liquidez es apremiante. La deuda pública está en máximos históricos y abonar cada mes el salario de los empleados públicos, de las pensiones y los parados le suponen más de 18.000 millones, sin contar los ERTE, la renta mínima y otros gastos, lo que genera una gran tensión de caja y, más aún, cuando no hay aún unos presupuestos aprobados para este ejercicio.
Respecto al impuesto a los ricos, el Gobierno aún no lo ha descartado aunque lo tiene parado contraviniendo los planes de Podemos que trata de hacer caja entre una clase que cuenta con medios y profesionales expertos para sacar la riqueza del país de forma legal y que lastraría sus pretensiones.
Europa. En esta línea, las empresas y los españoles se enfrentarán en muchos casos a un doble mordisco fiscal, ya que las medidas que proyecta Bruselas para ofrecer liquidez al país y hacer frente a la crisis de la COVID conllevan aceptar unos duros ajustes tributarios en el corto plazo.