El exalcalde de Villarcayo por Ciudadanos, Miguel de Lucio, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 30 de marzo acusado de un delito de prevaricación administrativa, por el que el fiscal le solicita una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La acusación se basa en el modo en que actuó el exregidor para contratar al que fue gerente del matadero entre junio y diciembre de 2016 y que fue cesado de su puesto en enero de 2017, una vez que prosperó la moción de censura presentada por Iniciativa Merindades y PP y Adrián Serna pasó a ocupar la Alcaldía.
En su escrito de acusación, el fiscal afirma que «la junta de gobierno local del Ayuntamiento trató sobre la posibilidad de revitalizar el matadero municipal mediante la contratación de un nuevo gerente, así como sobre la concesión a dicho gerente del disfrute de una vivienda en Villarcayo y del uso de un vehículo con retribuciones en especie adicionales a su salario». Pero añade que finalmente no se siguió «ningún expediente para la celebración de un contrato administrativo de servicios, ni para la selección y contratación de personal laboral» y tampoco se adoptó «ningún acuerdo por la Junta de Gobierno Local, ni ningún Decreto de Alcaldía, pues no existe ningún acta en este sentido».
Sin embargo, «el acusado, en condición de alcalde y consciente de la ausencia de procedimiento administrativo adecuado y de la arbitrariedad de su decisión, el 1 de junio de 2016 formalizó un contrato de trabajo temporal durante seis meses para obra o servicio determinado» con la persona que ejerció el cargo de nuevo gerente del matadero. Así, el único documento que consta en el Consistorio es el contrato que firmó Miguel de Lucio, como representante legal del Ayuntamiento villarcayés.
Otra de las decisiones por las que el fiscal le acusa de prevaricación es el hecho de que se «entregó al gerente del matadero una tarjeta de crédito VISA a cargo de la cuenta del Ayuntamiento, lo que constituía un anticipo de caja fija que requería de un Decreto de Alcaldía, que tampoco fue emitido por el acusado, quien omitió de nuevo deliberadamente el procedimiento y las resoluciones administrativas reglamentarias para adoptar una decisión financiera en nombre de la Corporación municipal».
Por otra parte, el fiscal recuerda en su escrito que en los siete meses que estuvo trabajando para el Consistorio villarcayés el profesional supuso un gasto de 52.204 euros «sin que se haya acreditado que dicha contratación consiguiera el objetivo de aumentar las ventas o facturación en la gestión del matadero municipal», que entonces daba cuantiosas perdidas anuales. Cobraba 1.655 euros mensuales netos y tenía a su disposición una vivienda, un vehículo en renting y la tarjeta VISA. Desde su marcha, como explicaba este mes el alcalde Adrián Serna, se encomendó al encargado del matadero que realizara tareas comerciales, una labor que nunca antes se le había pedido. En estos años, el matadero ha logrado equilibrar sus cuentas y en 2021 obtuvo un beneficio de 24.483 euros, que en 2022 se elevó a 51.415.
Investigación. Una comisión de investigación sobre la contratación del gerente del matadero concluyó en marzo de 2018 con la decisión de poner en manos de la Fiscalía la documentación existente sobre el asunto. En marzo de 2019, la Fiscalía incoó diligencias de investigación y ahora ejerce la única acusación, puesto que el Ayuntamiento no se ha personado. En 2021, la jueza del Número 2 veía «indicios de responsabilidad criminal» en lo ocurrido, lo que llevó a decretar la apertura del juicio oral.