La construcción del futuro centro cívico oeste, que dará servicio a los barrios de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, entrará en las dos próximas semanas en un punto de no retorno. O la adjudicataria, la UTE formada por Gedesbur y Collosa, inicia las obras antes del 5 de septiembre o se procederá a la resolución del contrato por incumplimiento culpable, lo que lleva aparejado la incautación de la garantía, unos 200.000 euros. 

El Ayuntamiento de Burgos ha mantenido en todo momento el diálogo con la adjudicataria instándole a que iniciara las obras, dado que el contrato se firmó en enero, pero se ha encontrado la negativa por respuesta. De hecho, el 15 de julio la empresa acudió a la hora marcada para firmar el acta de replanteo, acto con el que se da el pistoletazo de salida y empiezan a contar los plazos, pero no lo hizo y presentó un escrito con condiciones. En el documento aseguraba que quería rescindir el contrato ya que los precios de los materiales se han disparado y sin una garantía de que se vaya a compensar por ello no puede asumir los trabajos. 

La decisión de requerir el inicio de las obras se tomará en la Junta de Gobierno Local que se celebra este jueves. «Seremos determinantes a la hora de hacer cumplir el contrato. No es tolerable que las empresas que han tenido un compromiso firme con el Ayuntamiento y con todas las facilidades y todas las posibilidades que estamos poniendo sobre la mesa se planten. No le hacen un flaco favor a este equipo de Gobierno sino que no hacen ningún favor a la necesidad de los servicios sociales que tenemos que seguir prestando en la ciudad», indicó el alcalde, Daniel de la Rosa. 

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, que lleva meses pendiente de este contrato asegura que la UTE «debe cumplir» con lo firmado, dado que «no hay circunstancias que justifiquen la demora en el inicio de las obras». «Es injustificado que no empiecen los trabajos, entendiendo las circunstancias del mercado en esta y otras obras. Hay un contrato firmado que debe atender la empresa que lo ha rubricado», señaló.

Rodríguez recordó que, una vez iniciadas las obras, hay mecanismos para compensar las circunstancias que existan en cada momento. En este caso la construcción tiene un plazo de 24 meses. «Conforme se vayan produciendo las circunstancias, la compra de materiales, las dificultades que exijan una modificación del contrato..., se hará lo que establezca la normativa en cada momento, además en la actualidad es más flexible que nunca», añadió. 

Si no cumple con la exigencia se iría a la resolución del contrato por «incumplimiento culpable». «Los perjudicados aquí son el Ayuntamiento y la ciudad», afirmó, al tiempo que recordó que todavía hay tiempo para iniciar las obras.