Perú vive sumido en una profunda crisis política desde hace años a la que, además, se ha ido sumando una inestabilidad económica y un descontento social que ponen en jaque al país, que sigue sin encontrar un capitán que consiga coger el timón de un barco cada vez más a la deriva.
Cuando el izquierdista Pedro Castillo asumió la Presidencia en julio, sabía que tenía medio país en contra sentado en el Congreso, en las bancadas de las agrupaciones derechistas Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos y Avanza País, que no le perdonarían haber alcanzado el Ejecutivo por un muy estrecho margen de votos sobre la conservadora Keiko Fujimori -de hecho, el recuento se prolongó varios días ante la igualdad existente-. Varios de esos grupos, de hecho, anunciaron que su estrategia sería destituir a Castillo en cuanto tuvieran la oportunidad y así lo intentaron al poco tiempo de asumir el poder, aunque su moción no salió adelante.
Por eso, y en vista de que era solo cuestión de tiempo que la oposición más radical lo volviese a intentar, a pocos extrañó que esta misma semana una votación a favor de que el mandatario sea sometido a un juicio político, convirtiéndose en el segundo jefe del Estado peruano en enfrentarse a un impeachment en menos de dos años -en noviembre de 2020, Martín Vizcarra fue destruido tras ser declarada su «incapacidad moral para gobernar»-.
Acusado de corrupción, el dirigente se enfrentará el próximo día 28 -cuando se cumplirán exactamente ocho meses de su investidura- a un proceso de destitución que, según diversos analistas, podría salir adelante.
Para poner en marcha la votación, 76 diputados se pronunciaron a favor, 41 en contra y hubo una abstención. Para que la moción sea aprobada y se eche al presidente, es necesario el respaldo de 87 parlamentarios, una cifra que no se descarta que se pueda conseguir.
En caso de que sea cesado, Castillo pondría fin a una etapa complicada desde el inicio de su gestión. No en vano, ha cambiado cuatro veces de Ejecutivo, con más de una veintena de ministros pasando por sus filas.
A juicio de sus impulsores, el proceso se fundamenta en una serie de «hechos objetivos» que acreditan que el mandatario debe ser destituido por «permanente incapacidad moral». Entre ellos figuran las presuntas «contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales» e irregularidades en ascensos militares y policiales, además de «cuestionables designaciones» de al menos 10 ministros y la supuesta existencia de un «Gabinete en la sombra».
El descontento es cada vez mayor, no solo entre la clase política, sino también en la población, desencantada con sus mandatarios desde antes del inicio de esta crisis que atraviesa Perú desde 2017, con Pedro Pablo Kuczynski al frente del Ejecutivo. No en vano, en estos cinco años se han sucedido otros tantos mandatarios.
El propio Castillo reconoció «errores y desaciertos» en su gestión, pero negó las acusaciones que le vinculan con actos de corrupción, lo que atribuyó a un intento «sistemático» de la oposición por cuestionar su legitimidad, por lo que tendió la mano a «construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos». Una oferta que sus detractores, lejos de recibir, rechazan, conscientes de que una nueva convocatoria de elecciones puede darles, en esta ocasión, el triunfo que se les ha truncado en los últimos años. Aunque eso no quiere decir que sea una solución a una crisis cada vez más agravada. Incluso, puede suponer un empeoramiento de la situación y que acabe explotando en las calles. Pero antes el Congreso tendrá la palabra.