Hay procedimientos penales en los que más que una defensa o una acusación, las partes plantean desde el principio una conformidad. Fiscales y abogados ahorran tiempo; los acusados, dinero y más de un quebradero de cabeza. No es de extrañar, por tanto, que los pactos antes de llegar a juicio sean cada vez más comunes en los tribunales burgaleses. Dos de cada tres procesados prefieren llegar a un acuerdo que sentarse en el banquillo. Un índice que va creciendo cada año, según los datos de la memoria de la Fiscalía Provincial de Burgos.

El último repaso anual, el de 2020, muestra que de las 1.465 sentencias dictadas por los juzgados burgaleses 898 fueron tras llegar a un acuerdo las partes. Es decir, un 61% del total, mientras que en el ejercicio anterior el porcentaje fue del 58%. Hace una década, este índice estaba cinco puntos por debajo.

El incremento se explica por la propia implicación de los letrados y también de los fiscales. Principalmente en procedimientos penales de menor entidad, como las diligencias urgentes o los procedimientos abreviados de los juzgados de lo penal. Y es que ambos agentes judiciales suscribieron hace más de diez años un convenio en el que se promovía precisamente las conformidades con el objetivo de desatascar y ahorrar dinero a la Administración de Justicia.

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